La exfiscal del Ministerio Público de Perú develó corrupción dentro del organismo y en el Congreso, lo que compromete a la fiscal de la nación, Patricia Benavides, y ha despertado protestas en varias ciudades.
Desde el MP y del Poder Ejecutivo se habrían incidido “ilícitamente en decisiones de congresistas” para la destitución de los titulares de la Junta Nacional de Justicia, la designación del actual defensor del Pueblo, Josúe Gutiérrez, y la inhabilitación de la exfiscal general Zoraida Ávalos.
Luego de conocerse prácticas de corrupción en la fiscalía y en el Congreso, organizaciones civiles como grupos de trabajadores, organizaciones no gubernamentales, sindicatos y otras exigen la dimisión de la fiscal Patricia Benavides.
Incluso, un grupo de diputados a la Asamblea Nacional de los Pueblos de Perú exigen la dimisión de Boluarte. Este grupo de parlamentarios es liderado por Jorge Pizarro.
“Queremos que esta corrupción obligue a (la presidenta designada) Dina Boluarte a renunciar. Tiene que abrirse un proceso nuevo, la ciudadanía está hastiada con esta podredumbre de todo el Estado, no puede seguir así. Vamos a un caos general”, agregó.
El parlamentario aseveró que la “gigantesca corrupción en el centro del poder político” peruano es inaceptable. De acuerdo con el diputado, esta develada corrupción en las más altas esferas del poder político también involucra a miembros del Poder Ejecutivo.
La mayor concentración se registró en Lima, la capital de Perú. No obstante, en otras regiones del país inca también se movilizaron.
Las juntas de fiscales provinciales de diversos lugares del país están pidiendo la salida de Patricia Benavides y la restitución de Marita Barreto.
Barreto es la fiscal a quien sustituyó Patricia Benavides, impuesta por un grupo de funcionarios adeptos a la presidenta Dina Boluarte.
El 27 de noviembre se llevaron a cabo varias detenciones a personas que en algún momento fueron funcionarios del Gobierno de Dina Boluarte.
El Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder y la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía realizaron detenciones y allanamientos de viviendas y oficinas de asesores y exasesores de la fiscal general.
Tales acciones fueron ejecutadas como parte de las investigaciones de una presunta organización criminal “en la alta dirección del Ministerio Público”.