La decisión de la Fiscalía de la CPI, que asumirá a partir del 16 de junio el británico Karim Khan en reemplazo de Fatou Bensouda, se hará pública cuando la Sala de Cuestiones Preliminares se pronuncie sobre una solicitud de control judicial presentada por el Ministerio Público venezolano
La abogada gambiana Fatou Bensouda dejo este martes 15 de junio su cargo como fiscal jefa de la Corte Penal Internacional (CPI), tras nueve años donde ha sido criticada o exaltada por sus actuaciones, y sin un pronunciamiento final sobre uno de los exámenes preliminares sobre Venezuela.
La semana pasada, la fiscal dijo que el examen preliminar conocido como Venezuela I, donde se investigan supuestos crímenes de lesa humanidad cometidos bajo el contexto de manifestaciones antigubernamentales por lo menos desde 2017, “ha avanzado significativamente” y esperaba anunciar “en cuestión de días” si abre una investigación formal o clausura el informe.
En un balance sobre su gestión, Bensouda explicó que no podía emitir un pronunciamiento sobre Venezuela aún, pese a que la evaluación culminó y su equipo preparó las conclusiones del caso. A pesar de ello, espera que la decisión sea pública en el corto plazo.
La decisión de la Fiscalía de la CPI, que asumirá a partir del 16 de junio el británico Karim Khan, se hará pública cuando la Sala de Cuestiones Preliminares se pronuncie sobre una solicitud de control judicial presentada por el Ministerio Público venezolano, pues se quejaron de recibir un trato “discriminatorio” y “desigual”.
«Todo lo que puedo decir para este punto es que yo alcancé una determinación final sobre el examen preliminar, y estuve preparándome para anunciar nuestras conclusiones en respuesta al grupo de Estados que lo solicitaron, pero por respeto a la Sala de Cuestiones Preliminares, decidí esperar por el pronunciamiento de la cámara a la solicitud de Venezuela antes de hacer cualquier anuncio», explayó Bensouda
La diferencia entre la Corte IDH y la CPI reside en su rango de acción. La primera juzga la responsabilidad de los Estados en violaciones a los Derechos Humanos, por lo que puede conocer casos donde se hayan vulnerado garantías como derecho a la vida, a la integridad personal, a la expresión, a la participación en los asuntos públicos; a la discriminación por razones políticas, de sexo o raza, a la salud, educación e incluso al ambiente. Por su parte, la segunda busca individualizar las responsabilidades, es decir, procesa a personas y no a países.
¿Por qué la CPI tiene sus ojos puestos en Venezuela?
La CPI aún no tiene sus ojos puestos en Venezuela, pero podría, pues su Fiscalía está estudiando dos denuncias que recibió entre 2017 y 2018 relacionadas con el país. La primera fue presentada por la fiscal general en el exilio, Luisa Ortega Díaz, quien acusó a Nicolás Maduro y a cuatro generales de estar implicados en la comisión “sistemática y generalizada” de delitos como ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura y desapariciones forzadas. Los delitos señalados por Ortega Díaz son calificados en el Estatuto como “crímenes de lesa humanidad” y, por lo tanto, son unos de los que puede conocer la CPI.
La segunda demanda fue llevada por seis países de la región (Argentina, que se retiró el mes pasado de la misma, Colombia, Chile, Canadá, Paraguay y Perú), los cuales la sustentaron en un informe de una comisión de expertos convocada por la OEA, la cual concluyó que en Venezuela se vienen produciendo delitos de “lesa humanidad” bajo la administración de Nicolás Maduro. Esta segunda acción fue decisiva, porque los querellantes son firmantes del Estatuto de Roma también y, por lo tanto, la Fiscalía de la CPI estaba obligada a tramitar la denuncia. La decisión de los países americanos ha marcado un hito, pues es la primera vez desde que la Corte comenzó a operar en 2002 que un Estado parte denuncia a otro.
En 2020, el gobierno de Maduro acudió ante el despacho de Bensouda para presentar otra denuncia, pero la misma estaba dirigida a atacar las sanciones que gobiernos como el de Estados Unidos han venido imponiendo en los últimos años contra funcionarios y algunas instituciones públicas, por considerar que atentan contra la democracia y violan los derechos humanos. Este asunto se conoce en la CPI como Venezuela II y está siendo analizado aparte