Circula ya, editado por la Fundación Centro Gumilla el libro “Sanciones Económicas. Efectos colaterales en empresas privadas y organizaciones humanitarias”, del economista Víctor Álvarez.La Fundación Centro Gumilla nace en Caracas, en 1968, motivada por la preocupación de la Compañía de Jesús por las desigualdades y la pobreza que al igual que en buena parte de Latinoamérica azotaban para la fecha a Venezuela y que en nuestro caso continúa siendo dolorosa realidad. Es mucho lo que han hecho, desde la Fundación, a lo largo de estas décadas, sacerdotes, religiosos y laicos por lo que en la Carta del entonces General de los Jesuitas, P. Juan Bautista Janssens, denominó, en el lejano 1949, la “cuestión social”.Por razones inentendibles, la positiva gestión de la Fundación Centro Gumilla, y con tal por la Compañía de Jesús, en Venezuela -especialmente en los barrios caraqueños-, ha sido vista por decir lo menos con ojeriza por sucesivos gobiernos. A quien mejor se lo he oído describir ha sido al Padre Ugalde S.J, quien, en un retiro reciente, en el litoral guaireño, nos comentó, palabras más, palabras menos, que algún tiempo atrás, desde el Poder, los etiquetaban como comunistas para en los últimos años señalarlos como lacayos del imperialismo. Vale decir que ni ayer ni hoy a la Fundación Centro Gumilla se le puede acusar de pro-oficialista.Casi podemos
La Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela acusó este lunes al Sebin y a la Dgcim de cometer crímenes de lesa humanidad para reprimir la disidencia política, mediante un modus operandi de abusos dictado «desde el más alto nivel».La presidenta de la misión, la portuguesa Marta Valiñas, presentó este lunes ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU un informe sobre violaciones de derechos humanos en Venezuela cometidas tanto por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y la Dirección General de Contrainteligencia Militar. MIRA TAMBIÉN Colombia y Panamá decretarán alerta binacional ante la crisis migratoria MIRA TAMBIÉN Colombia y Panamá decretarán alerta binacional ante la crisis migratoria «Ambas agencias cometieron violaciones de los derechos humanos que constituyen crímenes de lesa humanidad, y entre éstos se incluyen la tortura y otros malos tratos, la violencia sexual y de género, las detenciones arbitrarias y las desapariciones forzadas de corta duración», subrayó ante el Consejo formado por 47 miembros de la ONU.El informe, que ya se publicó y presentó en rueda de prensa la semana pasada, documentó al menos 77 casos de torturas y abusos a detenidos en la Boleíta y otras prisiones militares -algunas clandestinas- del Dgcim, así como 51 en el Helicoide y otros centros de detención del Sebin.«Tanto el Sebin como la Dgcim utilizaron la violencia sexual
La decisión de la Fiscalía de la CPI, que asumirá a partir del 16 de junio el británico Karim Khan en reemplazo de Fatou Bensouda, se hará pública cuando la Sala de Cuestiones Preliminares se pronuncie sobre una solicitud de control judicial presentada por el Ministerio Público venezolanoLa abogada gambiana Fatou Bensouda dejo este martes 15 de junio su cargo como fiscal jefa de la Corte Penal Internacional (CPI), tras nueve años donde ha sido criticada o exaltada por sus actuaciones, y sin un pronunciamiento final sobre uno de los exámenes preliminares sobre Venezuela. MIRA TAMBIÉN Venezuela suma 1.233 nuevos casos de Covid-19 MIRA TAMBIÉN Venezuela suma 1.233 nuevos casos de Covid-19 La semana pasada, la fiscal dijo que el examen preliminar conocido como Venezuela I, donde se investigan supuestos crímenes de lesa humanidad cometidos bajo el contexto de manifestaciones antigubernamentales por lo menos desde 2017, “ha avanzado significativamente” y esperaba anunciar “en cuestión de días” si abre una investigación formal o clausura el informe.En un balance sobre su gestión, Bensouda explicó que no podía emitir un pronunciamiento sobre Venezuela aún, pese a que la evaluación culminó y su equipo preparó las conclusiones del caso. A pesar de ello, espera que la decisión sea pública en el corto plazo.La decisión de la Fiscalía de la CPI, que asumirá a partir