Al menos seis indígenas fueron asesinados en una localidad del estado Apure, fronterizo con Colombia, por disidentes de las FARC luego de que los aborígenes tomaran un camión que trasladaba alimentos, denunció este lunes 21 de junio el coordinador regional de la ONG Fundaredes, Juan Francisco García Escalona.
“En Fundaredes sabemos del asesinato de seis indígenas por las FARC en sector Oasis de la Macanilla, municipio Pedro Camejo. Los indígenas tomaron un camión de comida que iba a Puerto Páez y, por ello, los asesinaron”, dijo García Escalona en un mensaje en Twitter.
Añadió que los indígenas de los sectores de la Macanilla y Capanaparo (Apure), “desde hace tiempo” no gozan de “ningún tipo” de protección social del Estado venezolano.
“Hay desnutrición, hay denuncias por violaciones a jóvenes de 12 y 13 años por parte de las (disidencias de las) FARC, denuncia que se ha hecho a los organismos de seguridad del Estado”, aseguró.
García Escalona señaló que los indígenas sufren una “esclavización moderna” por parte de los grupos disidentes de las FARC conformados por quienes no se acogieron al acuerdo de paz y que “pretenden también utilizarlos en actividades inherentes al narcotráfico y toda las actividades ilegales” en Apure.
Las comunidades indígenas de Venezuela han denunciado en ocasiones anteriores que, tanto militares como grupos armados ilegales, cometen abusos contra los grupos indígenas y territorios.
El pasado 3 de junio, Fundaredes denunció la “ocupación violenta” de territorios indígenas de varios estados del país caribeño por parte de “grupos armados irregulares”.
El representante de Fundaredes en el estado Amazonas, José Mejías, señaló que la ONG ha documentado, desde hace años, cómo las poblaciones indígenas han sido despojadas de sus territorios y han caído en el “absoluto abandono” por parte del Estado venezolano.
El pasado 14 de abril, los líderes indígenas de la cuenca amazónica (Brasil, Perú, Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Guyana y Surinam) denunciaron que en sus comunidades se vivió un asesinato cada dos días en 2020 y más de 600 desde 2014.
Por ello, exigieron a los Gobiernos de sus países y a multilaterales garantías para la vida de los miembros de sus comunidades.
Denunciaron que hasta el momento no hay un mecanismo “veraz” y “efectivo” que les permita defender sus derechos.
“No hay un sistema de información sobre lo que está pasando con los pueblos indígenas”, agregó.