Más de 40 personas han sido detenidas en Venezuela como parte de una “cruzada” anticorrupción dentro de la estatal petrolera PDVSA y de otras empresas gubernamentales que involucra a altos funcionarios y empresarios, informó este sábado la fiscalía.
“A la fecha el Ministerio Público logró -junto a los órganos auxiliares- la detención de 42 sujetos vinculados a las diversas tramas de corrupción que buscaron desfalcar (…) a la economía nacional dañando a la comunidad en general”, informó el fiscal general Tarek William Saab en Twitter.
Los arrestos comenzaron el viernes 17 de marzo luego de un comunicado emitido por la Policía Nacional Anticorrupción, un órgano que actúa bajo estricta reserva, que solicitó al Ministerio Público procesar judicialmente a funcionarios que “podrían estar incursos en graves hechos de corrupción y malversación de fondos”.
Las detenciones más recientes corresponden a Pedro Maldonado, presidente de la estatal Corporación Venezolana de Guayana (CVG), así como los encargados de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor).
Fuentes judiciales indicaron a la AFP que Maldonado, que antes fue director del Banco Central de Venezuela (BCV), formaba parte de una trama de corrupción conducida por el exdiputado Hugbel Roa, quien durante años fue un importante dirigente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), ahora detenido.
Los funcionarios están imputados por “apropiación o distracción del patrimonio público, alardeamiento o valimiento de relaciones o influencias, legitimación de capitales y asociación y traición a la patria”, dijo el fiscal durante una conferencia el pasado 25 de marzo.
Varios de los procesados procedieron “a ejecutar operaciones petroleras paralelas” a las de PDVSA a través de “cargas de crudo en buques (…) sin ningún tipo de control administrativo”, detalló Saab.
En medio de la purga, el pasado 21 de marzo renunció Tareck El Aissami, el hasta entonces poderoso ministro de Petróleo, sancionado por Estados Unidos.
Hasta ahora no ha sido revelado el monto del desfalco debido a que la investigación se encuentra en primera fase, pero reportes de prensa lo sitúan en al menos 3.000 millones de dólares. El diputado oficialista Hermann Escarrá habló de hasta 23.000 millones, aunque más tarde negó dicha versión.
Los acusados se enfrentan a condenas de entre 25 a 30 años, dijo el fiscal Tarek William Saab a la AFP.
La pena máxima en Venezuela es de 30 años. Además, “los bienes incautados provenientes del delito pasan a manos del Estado”, dijo Saab, que no descartó más detenciones mientras avancen las investigaciones.