Con un sombrero de paja de ala ancha y un lápiz, el ignoto candidato de izquierda radical Pedro Castillo es el Presidente electo de Perú.
Nacido en la provincia de Chota, de la región Cajamarca, en la sierra norte peruana, el ahora presidente electo de 51 años se postuló como candidato invitado de Perú Libre, un partido que se define abiertamente de izquierda marxista y comunista.
El símbolo de su partido, el lápiz, no es casualidad: Castillo es maestro rural de Educación Primaria desde 1995, con un magíster en Psicología Educativa y un importante líder docente. Además, ha sido «rondero«, como llaman en Perú a miembros de rondas campesinas que luchan contra la delincuencia.
Pero Castillo no es nuevo en la esfera política. En 2002 se postuló sin éxito a la alcaldía de Anguía, en su región, por el partido Perú Posible, del entonces presidente Alejandro Toledo, actualmente investigado por corrupción. En 2017, el político izquierdista adquirió notoriedad al dirigir una huelga nacional de profesores, que se extendió por 75 días, en nla que exigían, entre otras cosas, un aumento de sueldos para los maestros peruanos.
“Más allá de ser solo un voto de protesta o antifujimorista, el voto por Castillo fue un voto antisistema cansado del ninguneo de los políticos, de constantes olvidos de agendas regionales en el sur del país, en la sierra y en la selva, que, a pesar de ser una zona muy poblada, está desatendida en cuanto a servicios estatales, como educación y salud pública. También está el factor identitario, al ser Castillo un rondero, campesino y maestro”, explica a DW Gonzalo Banda, analista político de Arequipa, en el sur de Perú.
Desde el fin de la primera vuelta electoral, el temor de la élite, del poder establecido y de los grupos de medios del país sudamericano se concentró, sobre todo, a las reformas radicales que planteaba Castillo. Entre otros, un cambio del modelo económico, impulsando para ello un nueva Constitución a través de una Asamblea Constituyente que le dé al Estado un papel activo como regulador del mercado.
Otra de sus propuestas son la nacionalización de sectores estratégicos como el minero, gasífero y petrolero. La actividad privada, según Castillo, debería ser en “beneficio de la mayoría de peruanos”.
También propuso aumentar el presupuesto para la educación y la agricultura. Por otro lado, Castillo es crítico del actual sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y de los tratados internacionales de Perú, que, según declaró, tendrían que ser reformulados.
Además, al comienzo de su candidatura, propuso “desactivar” el Tribunal Constitucional y dotarlo de nuevos representantes, elegidos por el pueblo y no por el Parlamento. En políticas sociales, al igual que su adversaria, Keiko Fujimori, Castillo se ha mostrado conservador. El presidente electo -que es integrante de una de las iglesias evangélicas más antiguas del país- se ha declarado abiertamente en contra del aborto, del enfoque de género y del matrimonio igualitario.
Sin embargo, el rechazo de la mitad del país que no votó por él no solo se debe a su mezcla de izquierda radical y conservadurismo, sino también va a cuenta del presidente de su partido, Vladimir Cerrón, que sería, según sus críticos, el hombre detrás de Castillo y el artífice del ideario radical del partido.
Cerrón fue inhabilitado en 2020 y condenado a más de tres años de prisión por negociación ilícita y aprovechamiento indebido del cargo cuando era gobernador de la región de Junín.
Otro personaje controversial en el entorno de Castillo es Guillermo Bermejo, congresista electo de su partido, quien en audios filtrados a los medios indicaba que “una nueva Constitución es un primer paso. Si tomamos el poder, no lo vamos a dejar” y que a Perú Libre no le interesaban “las pelotudeces democráticas”. Si bien Castillo ha rechazado esas declaraciones, no se ha deslindad por completo de ambos políticos.
Y, precisamente, las declaraciones de Bermejo, quien había sido investigado por la Fiscalía por sus supuestos vínculos con el grupo terrorista Sendero Luminoso, reforzaron los rumores sobre Castillo y su cercanía al terrorismo, que finalmente sus adversarios políticos utilizaron para “terruquear” al candidato, es decir, difamarlo, insinuando también que todo aquel que votara por él sería considerado terrorista.
Castillo tendría, hasta el 28 de julio, -día en que asumiría el poder y en que Perú cumple 200 años de independencia-, una ardua tarea, sobre todo, en cuanto a tender puentes con el resto de los partidos y dar más señales de estabilidad en un país fuertemente polarizado.
Castillo “antes tiene que lograr consenso«, advierte Banda.
«Tiene que apelar a la racionalidad, porque, además, eso a él le conviene. Sin una mayoría en el Congreso, si quiere llevar a cabo un gobierno reformista, no lo podrá hacer teniendo al Parlamento en su contra. Salió al balcón junto a un economista de la izquierda moderada, Pedro Francke, para calmar a los mercados. Pero esto no parece ser bien visto por Cerrón. Ahí hay una pugna que no estamos viendo, y que responde a esa especie de fijación que tiene Cerrón con la izquierda progresista, a la cual acusa de ‘contrarrevolucionaria y traidora’. En Perú las lealtades partidarias sobreviven, a veces, dos semanas”, recuerda el experto peruano.