Con más de dos millones de habitantes, Cali es la gran urbe del suroccidente colombiano, cerca de la costa del Pacífico, que funciona como un corredor para el narcotráfico, y lleva décadas enfrentando problemas de seguridad, desde pandillas hasta grupos armados organizados.
A finales del siglo pasado sufrió los embates de los grandes carteles de la droga, así como las acciones de las guerrillas, en particular los secuestros masivos. La ciudad es vecina de territorios aún en disputa en el departamento del Cauca, y las autoridades incluso han advertido la incipiente presencia de emisarios de carteles mexicanos.
Las movilizaciones, enfrentamientos y disturbios derivados de las protestas contra el Gobierno, y la violenta represión policial, se encuentran en Cali con un polvorín.
Aquejada también por una enorme desigualdad, la situación de Cali no ha hecho más que agravarse desde el 28 de abril, el primer día de paro nacional convocado por centrales obreras y organizaciones estudiantiles al que se ha sumado la minga indígena. Los manifestantes de todo cuño se tomaron barrios populares en donde cerraron vías, levantaron barricadas y echaron a la fuerza pública, incapaz de controlar los desmanes.
En lugares como Siloé y Puerto Resistencia ha desaparecido la presencia del Estado, y el avance de las protestas hasta los vecindarios más ricos ha preocupado a los vecinos y escalado las fricciones. Luego de los incidentes de este domingo, la policía Metropolitana de Cali acusó a los indígenas de saqueos, vandalismo e “incitar al terrorismo”, en señalamientos que autoridades indígenas han tildado de flagrantes mentiras.
Las autoridades locales han reclamado con insistencia la presencia de las nacionales.
“Señor presidente Iván Duque, hay una protesta indígena y un paro ciudadano. Es un problema político de carácter nacional que se escenifica en Cali. Este problema político necesita su visita y de todo el conglomerado nacional para resolverlo por la vía del diálogo”, declaró el alcalde de la ciudad, Jorge Iván Ospina.
“Acá, en nuestro departamento, los alcaldes de los municipios, la Arquidiócesis de Cali y los líderes sociales estamos trabajando en las mesas para los corredores humanitarios, pero el tema indígena es únicamente del resorte del Gobierno nacional”, señaló a su vez la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán. No obtuvieron la respuesta deseada.
Sin detallar el incidente, o referirse a los atacantes, el presidente Duque reaccionó con una declaración al país. El mandatario les pidió a los líderes del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) ordenar a los manifestantes que retornen a sus resguardos y suspendan los bloqueos de carreteras que han hecho en Cali y la vía a Jamundí, “para evitar confrontaciones innecesarias”. También anunció que enviaba una delegación encabezada por su ministro del Interior, Daniel Palacios.
“Las imágenes que estamos viendo en la ciudad de Cali ameritan, de parte de todos nosotros, actuar con toda la prudencia”, declaró el mandatario, al que diversas personalidades le han demandado desplazarse con urgencia a esa región para atender la difícil situación social y de orden público. “Yo he tomado la decisión, por prudencia, de no hacer en este momento presencia que distraiga el trabajo de la fuerza pública, que debe estar desplegada en toda la ciudad, pero estoy en monitoreo permanente”, declaró. Sus palabras generaron una lluvia de críticas, tanto de la oposición política como de su propia partido, el Centro Democrático.
Al menos 27 personas han muerto en Colombia en las protestas que comenzaron el pasado 28 de abril, mientras que aún hay 359 casos reportados como desapariciones que están en “proceso de verificación y ubicación”, informaron el viernes la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo.
A través de un informe elaborado en conjunto, los organismos precisaron que del total de homicidios reportados, 11 están ligados directamente a los hechos, 7 están en verificación y 9 no relacionados con los hechos.
Sin embargo, las cifras oficiales distan de lo planteado por organizaciones sociales como Temblores, que denuncia que desde el inicio de las manifestaciones hay “37 víctimas de violencia homicida presuntamente por parte de la Policía, 936 detenciones arbitrarias contra los manifestantes, 11 víctimas de violencia sexual por parte de la fuerza pública”, entre otros datos que han recogido.
Todos los países se han pronunciado por el cese de la violencia en Colombia y colombianos dispersos por el mundo han salido con sus banderas a expresar su inconformidad con el conflicto y sobre todo a pedir se reflexione sobre el papel de la policía y sus excesos en el problema; una de estas protestas se repitió en la ciudad francesa de Montpellier, donde los colombianos llenaron la Comedy en pleno centro histórico con sus banderas y numerosas pancartas donde expresaban “Nos están matando, cesen ya”.