Según el primer informe divulgado este lunes por el Consejo Supremo Electoral (CSE), el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, fue reelegido para un quinto mandato de cinco años y cuarto consecutivo con el 74,99 % de los votos en las elecciones generales del domingo.
Con siete aspirantes a candidatos presidenciales de la oposición en prisión, acusados de «traición a la patria», Ortega, en el poder desde 2007, partía con ventaja para una nueva reelección junto con su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
El mandatario obtuvo una amplia ventaja sobre los demás rivales, con el 49,25 % de las 13.459 Juntas Receptoras de Votos (JRV) escrutadas.
En segundo lugar, según el informe leído por la presidenta del CSE, Brenda Rocha, se ubica el candidato del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), el diputado Walter Espinoza, con un 14,4 % de los votos.
Le sigue el también diputado y reverendo Guillermo Osorno, del Camino Cristiano Nicaragüense (CCN), con el 3,44 % de los votos.
En tanto, Marcelo Montiel, de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), obtiene 3,27; Gerson Gutiérrez Gasparín, de la Alianza por la República (APRE), 2,20 %, y el diputado Mauricio Orué, del Partido Liberal Independiente (PLI), el 1,70 %.
Más de 4,4 millones de nicaragüenses estaban habilitados para elegir a su presidente y vicepresidente, 90 diputados ante la Asamblea Nacional y 20 ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen).
Según el órgano electoral, en la jornada electoral participó el 65,34 % de los nicaragüenses aptos para votar. No obstante, el observatorio multidisciplinario independiente Urnas Abiertas fijó en un 81,5 % la abstención.
Las elecciones fueron criticadas por diversos sectores y por la comunidad internacional por el arresto de siete precandidatos a la presidencia de la oposición, así como por la eliminación de tres partidos políticos opositores, la derogación de la observación electoral y el establecimiento de leyes que restringían la participación en el proceso.
La legitimidad de las elecciones de Nicaragua fue puesta en duda por grupos opositores, organizaciones defensoras de los derechos humanos, así como por la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE), debido a la falta de garantías sobre su transparencia.
Costa Rica anunció, después del cierre de los colegios electorales, que no reconoce el proceso electoral de Nicaragua por la «ausencia de condiciones y garantías» requeridas en una democracia para acreditar las elecciones como transparentes, creíbles, independientes, libres, justas e inclusivas.