El gobierno de Colombia propuso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) adelantar la visita que había retrasado para revisar la situación desde que comenzaron las protestas el 28 de abril y enviar una delegación al país andino del 7 al 11 de junio.
En una carta, la vicepresidenta y canciller colombiana, Marta Lucía Ramírez, invita a la CIDH a una audiencia privada el primero de esos días en Bogotá junto a la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo.
Luego la delegación podrá realizar una visita a terreno del 8 al 11 de junio “previa coordinación conjunta entre la CIDH y el Estado colombiano del protocolo y formato, de tal manera que el Estado, conforme a ello, proceda a formalizar a la brevedad posible la anuencia a la visita”, según se extrae de la misiva.
La CIDH ha insistido en varias ocasiones en su voluntad de realizar una visita a Colombia y a varias ciudades donde se han producido denuncias de violaciones de derechos humanos, como asesinatos, lesiones, desapariciones y abusos sexuales por parte de la fuerza pública.
Sin embargo, la vicepresidenta, que estuvo la semana pasada de visita oficial en Washington y Nueva York, le dio largas a la Comisión y dijo que decidiría una fecha a finales de junio, después de una audiencia sobre la situación general de los derechos humanos en Colombia que la CIDH convocó para el 29 de junio.
“Comprendemos y compartimos la necesidad del rol de la CIDH y reconocemos y valoramos el trabajo que adelantan, de tal forma que tenemos plena disposición para que la visita comience a partir del día martes 8 de junio de 2021”, dijo hoy Ramírez, ya que esa audiencia “ya no se va a realizar en el corto plazo”.
El Gobierno sugiere “que la visita comprenda mínimo cuatro días, de modo tal que tengan el tiempo suficiente para visitar las ciudades de Cali, Tuluá y Popayán”.
Cali, tercera ciudad más importante del país, es el epicentro de las protestas y donde el viernes, según las autoridades locales, se produjeron 13 homicidios tras la irrupción de hombres armados en los barrios y las movilizaciones.
En Tuluá y Popayán, también en el suroeste de Colombia, se han producido incidentes graves, como la quema del Palacio de Justicia en la primera ciudad, y reportes de abusos policiales en la segunda (y en muchas otras partes del país).
La vicepresidenta insiste en su comunicación a la CIDH en que las protestas pacíficas “se han visto opacadas por grupos de vándalos armados que han originado destrucción, caos e incidentes que han cobrado la vida de al menos 13 personas”.
Sin embargo, la Fiscalía y la Defensoría publicaron hoy su último informe donde establecen que han sido reportadas 48 muertes, de las cuales 20 están relacionadas directamente con las movilizaciones y 10 de ellos han ocurrido en la ciudad de Cali.
Además, estas instituciones han recibido también más de 400 denuncias por desapariciones, de las cuales el Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU) continúa activo en 111 casos.
Por su parte, la ONG Temblores y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) contabilizan 60 muertes durante las protestas del último mes en el país, de las cuales 43 se las atribuyen a la fuerza pública.
Mientras tanto, la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (Acnudh) informó ayer que ha recibido informes de que 14 personas murieron y 98 resultaron heridas -54 por disparos- en la ciudad Cali el viernes, en una jornada de caos y violencia que desveló la profunda crisis en la que está el país.