«Que les den cadena perpetua», «que los piquen en la cárcel», «sin contemplaciones contra esos aberrados», son algunos de los comentarios que llenan las redes sociales, cada vez que se conocen casos de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes en el país.
Según la publicación realizada por Cecodap (Centros Comunitarios de Aprendizajes), la Fiscalía ha contabilizado mil 24 casos de pedofilia entre enero y octubre de este año. Se indicó, además, que fueron imputados mil 426 agresores y que, hasta el momento, se han condenado a 752 personas con penas de entre 25 y 30 años.
En 2021, se aprobó una ley especial para sancionar este delito: Ley para la Prevención y Erradicación del Abuso Sexual Contra Niñas, Niños y Adolescentes. Contradictorio al imaginario social de que con más normativas, menos se va a repetir el delito; los casos de abuso sexual siguen en aumento, según las reseñas de los medios de comunicación en el toda Venezuela.
A falta de datos oficiales, Cecodap tomo como ejemplo la información levantada a partir de dos servicios en esta institución: el informe de Servicio de Atención Jurídica de Cecodap, entre abril 2021 y marzo 2022, el cual resalta un incremento del 27,08% en solicitudes relacionada al abuso sexual (24,59% casos recibidos de abuso sexual); mientras que en el Servicio de Atención Psicológica de Cecodap, el ingreso de pacientes por violencia sexual aumentó 91% desde 2018 a 2021.
«Se puede observar entonces que, hasta los momentos, la implementación de esta ley no ha cumplido con la finalidad que se lee en su cuerpo: garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes sus derechos a ser protegidos contra cualquier forma de abuso sexual», refirió en su página web.
Esta pandemia que se ha ensañado contra los niños y adolescentes en Venezuela han dejado sus afectaciones en Monagas, puesto que también se contabilizan casos de pedofilia, infanticidio y maltrato.
Uno de los casos más recientes y que causó horror en la población es el de un niño de un año en la locación La Hormiga, de la parroquia La Pica de Maturín.
Yenifer Fariñas y Héctor Sánchez, madre y padrastro del niño muerto fueron detenidos y enviados a la cárcel de La Pica.
El pequeño tenía golpes en el rostro, por lo que contaron que este sufría de epilepsia por lo que había convulsionado y caído al suelo, lastimándose la carita.
Poco después, cuando examinaban el pequeño cuerpo observaron hematomas recientes y de antigua data. Ante estos hechos se avisó a la policía del estado Monagas, quienes dejaron bajo arresto a la mujer.
Otro hecho de connotación fue el registrado el pasado mes de febrero en Alto Paramaconi. Un jovencito de 12 años fue abusado y asfixiado por su mamá y padrastro.
La madrugada del domingo 6 de febrero la pareja, Luis Miguel Bolívar Moreno y Andreina Coromoto Pérez Córdova, se presentó en la emergencia del hospital central manifestando que la criatura había sufrido un ataque al corazón.
Algo no coincidía entre la versión de los parientes y los rasgos físicos que presentaban el menor, por lo que el caso fue reportado a las autoridades.
Resulta ser que, en las diligencias realizadas por los agentes del Cicpc, y con el resultado del análisis forense, se determinó la agresión sexual y la muerte por asfixia mecánica; lo que desmontó la trama que los representantes del menor relataron en la emergencia del Hospital.
El tercer caso que también está vinculado a abuso sexual fue registrado en el sector La Montañita, vía La Pica. Un adolescente de 13 años se quitó la vida luego que su padrastro lo abusara. Su madre, para el momento dijo que este estaba deprimido por reprobar una materia, pero esto sería la estrategia para desviar las averiguaciones del Cicpc.
Con el resultado de la autopsia se corroboró el abuso, siendo arrestada esta pareja.
El primero de noviembre también se supo del arresto de Jesús Astudillo, de 47 años de edad, y de un sujeto apodado «El Fafi» por el abuso sexual y prostitución de una adolescente de 16 años en la parroquia Boquerón.
Según la DIP, Astudillo vendía por 10 bolívares a la muchacha a otros depravados.
De acuerdo al análisis de Cecodap, en este nuevo texto legal, Ley para la Prevención y Erradicación del Abuso Sexual Contra Niñas, Niños y Adolescentes, se observa un desarrollo normativo que busca el resguardo hacia las víctimas que han sufrido de abuso sexual, reconociendo un conjunto de derechos de cara a facilitar, entre otros aspectos, el proceso de la denuncia y servicios forenses especializados.
«Sin embargo, en este cuerpo normativo no hay menciones específicas con relación a los protocolos de atención a las víctimas, siendo una de las principales deudas legislativas, tampoco se desarrolla un régimen sancionatorio y disciplinario para aquellos funcionarios públicos que amenacen o violen los derechos especialmente reconocidos en esta ley cuando la víctima sea un niño, niña o adolescencia».
Por otra parte, el artículo 19 de esta ley indica que “la persona condenada por cualquier forma de abuso sexual contra una niña, niño o adolescente será privada de pleno derecho del ejercicio de la patria potestad con respecto a todas sus hijas e hijos. La privación será declarada en la sentencia del tribunal penal que declare la responsabilidad de la persona e imponga las sanciones a que hubiere lugar. En estos casos no procederá la restitución de la patria potestad”.
Esta norma en la que se establece una pena accesoria a la persona condenada entra en contradicción con lo previsto en el artículo 355 de la Lopnna, que establece la posibilidad de restitución de la patria potestad al padre o madre que haya sido privado de ella luego de haber transcurrido dos años de la sentencia firme que decretó la privación.
Ya vimos que en términos de prevención la ley reitera que el Estado, las familias y la sociedad tienen la obligación de desarrollar todas las acciones necesarias y adecuadas para la prevención y erradicación de cualquier forma de abuso sexual; lo que me hace preguntar: ¿ Cuáles son esas acciones necesarias y adecuadas? Esta ley no lo deja claro, ¿lo erradica?
También destaca el rol fundamental que tienen las instituciones y centros educativos, ya sean oficiales o privados, para dar a conocer e informar a todo el alumnado en los distintos niveles de educación, acciones para la prevención del abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes.