Estados Unidos está involucrado en la dinámica política de Venezuela y ha tomado una posición de participar en política interna en nuestro país. Apoya a unos líderes de la oposición más que a otros. Usa los fondos congelados de todos los venezolanos para apoyar a los políticos venezolanos de la oposición de su preferencia y que están en el exilio haciendo lobby para impulsar sanciones. Deja sin apoyo a otros políticos de la oposición que sí van a elecciones y que están compitiendo políticamente en el país empobrecido por las sanciones y la corrupción. Las sanciones impiden que los ciudadanos tomen vuelos directos a Estados Unidos. El gobierno de Joe Biden exige al presidente Nicolás Maduro que negocie con los políticos de la oposición de su preferencia para levantar las sanciones. Ambos, el oficialismo y la oposición -que hace lobby en Washington-, se benefician de las sanciones y nunca llegan a acuerdos mientras el pueblo es quien las padece. Las sanciones a Pdvsa son más dañinas al PIB que la misma corrupción, ya que no permiten corregirla sino aumentarla mientras profundiza una asfixia colectiva. Estas sanciones generan fuga de talentos y reducen el PIB.
Es casi que un patrón recurrente que cada vez que el gobierno de Maduro se sienta a negociar, el gobierno del presidente Biden toma acciones que le dan excusa al oficialismo para levantarse de la mesa de negociación. Así pasó con Alex Saab y con los fondos de ayuda humanitaria de $3.000 millones que EEUU congeló en diciembre de 2022 e impidió el seguimiento de acuerdos. El PIB prefiere que Alex Saab y los $3.000 millones estén en el lado del gobierno oficialista y que sigan las negociaciones.
Con la excusa de que el gobierno de Maduro no controla la corrupción, el gobierno de Estados Unidos ha tomado el papel beligerante de congelar fondos que le tocaría a los venezolanos vigilar. Congelan cuentas y paralizan las operaciones petroleras para evitar la corrupción. Es como incendiar una casa para acabar con las cucarachas. Mejor buscar exterminadores de precisión que solo maten cucarachas. Y cuando EEUU captura corruptos y retiene el dinero robado, el gobierno de Biden no lo devuelve a Venezuela, ni los pone en un fideicomiso.
EEUU, incluso con sus sanciones al petróleo, aísla más al gobierno de Maduro y lo obliga a negociar con gobiernos antiestadounidense. También ayuda a incrementar la corrupción cuando vemos que el petróleo se vende mayormente a empresas de maletín para sortear sanciones y se pagan en bitcoin. Si se levantan las sanciones petroleras, mucho del dinero iría a pagar nuevos empleos, a proveedores de reconocida reputación del hemisferio occidental y a cancelar acreencias internacionales. No todo iría a los bolsillos de entidades y personas inauditables. Estados Unidos puede pensar que prohibir que sus empresas petroleras operen en Venezuela es evitarles pérdidas por expropiaciones, como ocurrió con Exxon. En casos como esos, el gobierno de EEUU sí debe proteger los activos de empresas de su nacionalidad que no fueron indemnizadas al ser expropiadas, pero no lo ha hecho. Si el gobierno de Venezuela usa los fondos del fisco para corromper el sistema político, financiero e inmobiliario de Estados Unidos, entonces el gobierno de Biden debe actuar para reparar esas situaciones, pero no con sanciones que afectan al ciudadano, sino sobre los personajes concretos responsables del crimen.
Las sanciones de Estados Unidos a Pdvsa han hecho que Venezuela haya perdido mucho más dinero y PIB que con la corrupción de Cadivi, el plan Bolívar, el Fondo Chino y los múltiples asaltos a Pdvsa por parte de los funcionarios puestos allí desde el año 2004.
No hay nada más penoso que ver al gobierno de una gran nación como lo es Estados Unidos implorando al gobierno de Maduro que se siente con la oposición a negociar como condición previa para levantar las sanciones económicas que tanto fortalecen a Maduro y a Juan Guaidó. Tampoco es lógico que cada vez que el gobierno de Biden flexibiliza las sanciones, la flexibilización se detiene porque salen uno o dos senadores estadounidenses criticando la flexibilización. Eso ata al venezolano común al grillo de las sanciones y su libertad de elegir gobernantes, viajar y trabajar a la merced de unos senadores que actúan como si fueran emperadores en un circo romano. Los asesores de Biden en el Departamento de Estado deben reconsiderar y elevar la política internacional hacia Venezuela para permitir más libertad política y alivios económicos a la población.
Twitter: @alejandrojsucre