La reforma tributaria ha encendido la nación y Duque tendrá que mostrar su habilidad política para detenerla. Todo demuestra que subir los impuestos no es lo adecuado cuando el país se envuelve en la miseria.

Por: Ernestina Herrera  |   2 May, 2021 - 12:30 pm

En las horas por venir, el presidente Iván Duque enfrentará uno de los desafíos más grandes de su gobierno: sintonizar a varias fuerzas políticas en la redacción de un texto para que pueda arrancar la discusión en el Congreso de la reforma tributaria. De lo contrario, esta se hundirá.

¿Por qué uno de los propósitos vitales de su agenda está al filo de la navaja? ¿A qué horas, la que podría ser su última ley de envergadura, terminó de protagonista de una tormenta de agitación social que se vive en todo el país?

Los interrogantes tienen variadas y disímiles respuestas. Pero la primera y más clara es que hablar de subir impuestos y ampliar la base de quienes tributan en medio de la devastadora crisis socioeconómica causada por la pandemia es algo sumamente impopular.

Cada día, 10.000 colombianos, en el último año, se hundieron en la miseria.

“Por la covid-19, la pobreza subió en el país (del 35,7 %) al 42,5 %”, reveló esta semana Juan Daniel Oviedo, director del Dane.

“Colombia pasó de tener 17,4 millones de personas en situación de pobreza monetaria a 21 millones”.

Duque sabía de este riesgo, al punto de que él mismo advirtió a finales del año pasado:

“Hacer una reforma tributaria en este momento, cuando tenemos la pandemia que está golpeando a la micro, pequeña, mediana y gran empresa, a la clase media, a la clase alta, a los más vulnerables, es suicida”. ¿Entonces?

“Tengo que ser responsable con el país”, anunciaría el Presidente un tiempo después. Tras lo cual le dio luz verde al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, para elaborar el proyecto.

¿Por qué? Primero, porque las condiciones macroeconómicas de Colombia así lo exigen, y especialmente el abultado déficit fiscal. Y segundo, porque la pandemia –que nadie sabe cuándo va a acabar– está demandando enormes recursos, y no solo en lo sanitario, pues ante la disparada de la pobreza resulta obligatorio invertir más fondos públicos en los programas sociales, como única manera de paliar los devastadores efectos económicos del covid-19. El mandatario ha confesado que le aconsejaron no meterse en eso. Pero él insiste: “No lo hago por mí, sino por el país”.

Carrasquilla radicó la reforma el jueves 15 de abril con mensaje de urgencia, con el título del proyecto de ley de ‘solidaridad sostenible’ y la esperanza de recaudar 25 billones de pesos. Un dinero, argumentó la Casa de Nariño, vital para mejorar las finanzas públicas y financiar los programas de asistencia social. Pocos, sin embargo, lo entendieron así y desde ese instante los acontecimientos se acumularon de manera vertiginosa y cada vez con mayor ruido.

Así, por ejemplo, el expresidente César Gaviria, quien tiene una sólida formación en diplomacia —fue secretario general de la OEA durante una década— y sabe del poder de las palabras, no se contuvo y acusó al ministro de Hacienda de “ser más peligroso que la pandemia”. Y lo retó: “Si no le tuve miedo a Pablo Escobar, qué le voy a tener miedo a Alberto Carrasquilla”. Ese fue el prólogo para anunciar que por unanimidad la bancada liberal votaría no a la reforma.

Un ‘portazo’ similar a la fotografía que Germán Vargas Lleras, líder de Cambio Radical, colgó en sus redes sociales. Aparecía con Arturo Char, presidente del Congreso, con el mensaje: ‘No tributaria’.

Por si fuera poco, Vargas se fue en contra del gabinete: “A pesar de la ministra de Comunicaciones, Karen Abudinen; del ministro del Interior, Daniel Palacios, y la mermelada del gobierno, Cambio Radical más unido que nunca y en contra de la tributaria”. A lo que sumaron mensajes radiales y vallas en las calles contra la reforma.

Ante semejante rebelión de dos pesos pesados de la política nacional, el expresidente Álvaro Uribe Vélez se movió con rapidez en un intento de evitar el naufragio del proyecto. Pidió hacerle modificaciones, pero también mostró su inconformidad: “Esto le hace daño al Centro Democrático”, dijo al revelar que él había advertido de la necesidad de “buscar alternativas” porque, al final, el costo político sería enorme.

En una consulta de Invamer, el 80 % de encuestados contestaron que desaprobaban la reforma tributaria; y en otra de la firma Cifras y Conceptos, el 82 % de los colombianos advirtieron que no votarían por políticos que apoyen la tributaria.

Unos resultados que ponen a dudar a cualquier político con las elecciones de Congreso en el horizonte: a tan solo 11 meses, el próximo 22 de marzo; y las presidenciales a un año exacto.

Sin embargo, la discusión hasta ese momento, martes 27, cambiaba de protagonistas.

La agitación en redes sociales y en los micrófonos de las emisoras pasaba por saber qué sucedería con el paro nacional previsto para el miércoles. Las autoridades, preocupadas por el tercer pico de la pandemia, se esforzaban en convencer a la gente de no salir a las calles por el temor a propagar aún más el virus.

Claudia López, alcaldesa de Bogotá y vehemente opositora de Duque, coincidió con él en los riesgos de las aglomeraciones.

“Quienes no han querido asistir a las aulas de clase espero que no tengan la osadía de pretender que la gente sí vaya a aglomeraciones”, dijo en referencia a los maestros, uno de los colectivos que integran el Comité Nacional del Paro. Y el gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suárez, pidió posponer las movilizaciones porque “el virus no camina, corre”.

Además hubo un llamado en ese mismo sentido procedente de la Justicia. La magistrada Nelly Villamizar de Peñaranda, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, ordenó aplazar las manifestaciones “hasta tanto se implemente un protocolo de bioseguridad o se alcance la inmunidad de rebaño”. E incluso académicos y científicos se pronunciaron.

María Fernanda Gutiérrez, viróloga de la Pontificia Universidad Javeriana, por ejemplo, se declaró “muy preocupada” por la forma en que estas grandes congregaciones podrían impactar el ritmo de expansión del virus.

En todo caso, miles de colombianos completaron ayer cuatro días de protestas masivas que se iniciaron a las 4 de la mañana del miércoles 28. A esa hora, la radio empezó a dar cuenta de las manifestaciones, que se prolongarían en varios puntos hasta ayer primero de mayo, día de los trabajadores, cuando hubo nutridas marchas en las principales ciudades del país.

Las calles para la protesta

A lo largo de estos días se vieron ríos de personas manifestarse en un movimiento de alcance nacional. En ciudades como Pasto, Villavicencio, Tunja, Santa Marta y en municipios más pequeños, centenares se volcaron hacia los parques o hicieron cacerolazos desde sus casas y lugares de trabajo. Todos con una consigna: el retiro de la reforma tributaria, pero también con reclamos que vienen de atrás, como frenar el asesinato de líderes sociales.

Acostumbrados a ver a estudiantes o a trabajadores sindicalizados, esta vez en el paisaje aparecieron también –como ocurrió durante el paro nacional del 21 de noviembre de 2019– amas de casa, personas de la tercera edad y gente del común que se unía esporádicamente a las marchas.

Es evidente que el paréntesis en la protesta social que creó la pandemia, y que duró todo el 2020, se quebró con la tributaria.

La visibilidad, sin embargo, también la tuvieron los violentos y los saqueadores quienes actuaron de manera sincronizada y con rapidez. “Las marchas en Medellín fueron infiltradas por decenas de atracadores”, aseguró el alcalde Daniel Quintero. “Vamos a militarizar Cali”, anunció, por su parte, la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán.

“Quienes salieron a hacer una marcha pacífica ya no están en las calles, los que están son vándalos robando, atacando, atracando”, puntualizó. El alcalde de Soacha también tuvo que recurrir al toque de queda por saqueos.

La secuencia de actos de vandalismo que causaron estupor corría al instante por los celulares. En Cali, en cuestión de minutos, las llamas consumían nueve buses y otros 14 eran blanco de piedras y patadas; de las 55 estaciones del sistema de transporte MIO, 18 eran objeto de actos vandálicos.

“Aquí, en Cali hay un cinturón de miseria que va en aumento con la llegada de desplazados que huyen de la violencia en Cauca y Nariño”, dice un profesor de la Universidad del Valle que prefiere mantener su nombre en reserva. Y alerta: “Hay un número de militantes del Eln, que va en aumento, nos tienen intimidados. Este coctel va a explotar en cualquier momento”.

Luego en la noche del viernes la energía se fue en varios sectores y se escucharon disparos. La oposición acusó a las autoridades de los ataques en medio de la oscuridad.

En Pasto, cinco miembros del Esmad luchaban dramáticamente contra las llamas tras ser alcanzados por una bomba incendiaria. En Pereira, unos sujetos de civil le decían a un agente del Escuadrón Móvil Antidisturbios “que identificara a la gente para ellos mismos hacer la vuelta”.

En Bogotá, la turba atacaba a la revista Semana y al Canal RCN. “Denunciamos este ataque directo contra la libertad de expresión, que es pilar fundamental de toda democracia sólida”, aseguraron sus director, José Manuel Acevedo y la vicepresidenta del canal, Claudia Gurisatti.

La ola de violencia afectó también el sistema de transporte de TransMilenio. De un total de 2.357 buses troncales que tiene el sistema, 174 tuvieron algún tipo de afectación, y de las 139 estaciones de su red, 16 fueron atacadas a piedra, con varillas y palos, y pintadas.

Durante esta jornada, según el reporte de la Secretaría Distrital de Salud, 107 personas ingresaron a centros hospitalarios durante las protestas. De ellos, 54 uniformados y 53 civiles. Una estudiante de último semestre de Ciencias Políticas, Leidy Cadena, recibió un impacto en el ojo derecho por agentes del Esmad.

Las marchas que habían arrancado con flores y tambores, en un legítimo e incuestionable ejercicio del derecho a la protesta, terminaron, en varios casos –pero no en todos– con gases lacrimógenos, destrozos y multitudes corriendo, justo cuando se anunciaba que el país bordeaba los 500 muertos diarios por covid-19.

El auge del vandalismo en las protestas sociales causa enorme preocupación, porque el nivel de estos actos parece ir en ascenso. A la vez que las Fuerzas del Orden parecen incapaces de contenerlo.

“Los vándalos son delincuentes que hay que perseguir y neutralizar”, exigió Rafael Nieto, quien aspira a ser candidato a la presidencia por el Centro Democrático.

“Apoyemos el derecho de soldados y policías de utilizar sus armas para defender su integridad y para defender a las personas y bienes de la acción criminal del terrorismo vandálico”, clamó el expresidente Uribe en un trino que Twitter bloqueó.

El reto para Duque

¿Por qué se llega a estos extremos? Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), dice que “en el desorden, la agresión y la violencia surgen con facilidad, pues el agitador sabe que actúa con total impunidad”.

Jairo Libreros, experto en seguridad y docente del Externado, analiza las protestas con dos ramas distintas, aunque confiesa que le inquieta que cada vez se mezclan más. La primera, explica, tiene dos componentes: “Uno, integrado por quienes protestan como expresión de descontento popular; y dos, quienes se identifican con una profunda desconfianza política con el gobierno”. Y la otra vertiente, que cada vez le pone más voltaje: “Los responsables del vandalismo y caos, que clandestinamente ejecutan y mueven los hilos de los actos de violencia explotando ese descontento popular y esa desconfianza política”.

Las autoridades sanitarias habrían advertido su preocupación por las marchas en medio de una tercera ola del virus.

Duque anunció que no la va a retirar. “Hablar de un retiro cuando existe la posibilidad de hacer la modificación total, si se quiere en el Congreso, sería generar una gran incertidumbre financiera y económica con efectos negativos para toda la sociedad colombiana”, dijo el Presidente. Añadiendo que está “dispuesto a sustituir lo que se requiera para sacarla adelante”.

Desde la Casa de Nariño dicen que el retiro del texto sería el pasaporte para que las calificadoras de riesgo quitaran su voto de confianza en el país y con eso, argumentan, el desastre sería para todos pues aumentarían los costos de los créditos para públicos y privados, generaría una devaluación del peso (pérdida de poder adquisitivo) y bajaría la confianza de los inversionistas, entre otras consecuencias. De ahí que en estas horas, el Presidente y su equipo tendrán que emplearse a fondo.

Aunque el nuevo escenario abre la opción de hallar consensos, el camino que le espera a la reforma no está despejado, ni siquiera medianamente claro.

Mientras tanto, la protesta social amenaza con extenderse, con el preocupante ingrediente de un vandalismo exacerbado que ha llegado al extremo de poner en jaque durante varios días a Cali, la tercera ciudad del país. Una dura prueba no solo para el Gobierno, sino para los partidos, el sector empresarial, los sindicatos y el conjunto de la sociedad, porque la pobreza se dispara a pasos agigantados, y con un Estado sin recursos para combatirla, el panorama solo será peor. De ese tamaño es el reto que enfrenta el país hoy.

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