La oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos cuestionó las detenciones realizadas por el régimen de Daniel Ortega y alegaron que estas son violatorias a las obligaciones por las que debería velar Nicaragua
El régimen de Daniel Ortega, a través de órdenes judiciales y sus cuerpos de seguridad, han arrestado a 10 opositores -entre ellos cuatro precandidatos presidenciales- en las últimas dos semanas, bajo la llamada «ley de la soberanía» por supuestos actos de terrorismo y en contra de la independencia en Nicaragua.
La Policía Nacional nicaragüense detuvo a cuatro integrantes de Unión Democrática Renovadora (Unamos), entre ellos a Dora María Téllez, una de las figuras prominentes de la política de ese país y heroína de la revolución sandinista. Junto a Téllez fue detenida la opositora Ana María Vijil.
Posteriormente, fue capturada la presidenta de la organización Unamos, Suyen Barahona y el exguerrillero sandinista y general en retiro Hugo Torres, quien también es parte de esta plataforma política.
Ana María Vijil grabó un video que fue publicado en redes sociales. El clip, grabado horas antes de su detención, cuando se conoció que estaba rodeada por policías, muestra a la opositora alentando a la población de que, a pesar de su detención, es un “paso más”, para sacar a Daniel Ortega del poder.
La oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos cuestionó las detenciones realizadas por el régimen y alegaron que estas son violatorias a las obligaciones por las que debería velar el Estado nicaragüense.
Detenciones opositores a granel
La primera detenida fue la precandidata presidencial Cristiana Chamorro, de quien no se conoce absolutamente nada desde que fue retenida ilegalmente por la Policía en su casa de habitación el pasado 2 de junio. De igual manera fue detenida la opositora Violeta Granera, quien el 8 de junio recibió el régimen de casa por cárcel de facto, por la Policía y posteriormente fue trasladada el 11 de junio en horas de la noche hasta la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como “El Chipote”, reconocida cárcel por múltiples denuncias de torturas.
El 5 de junio, el régimen de Ortega detuvo al precandidato presidencial Arturo Cruz, quien regresaba de un viaje a Estados Unidos. Se lo llevaron del Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, y dos días después, el 7 de junio, allanaron su vivienda y ampliaron su detención a 90 días.
Félix Maradiaga fue el siguiente. El Ministerio Público lo citó el 8 de junio a entrevista, posteriormente dio declaraciones a los medios de comunicación y cuando iba camino a su casa, la Policía lo detuvo.
Esa misma noche, fue detenido el también precandidato presidencial, Juan Sebastián Chamorro, quien un día después estaba citado por el Ministerio Público para declarar por una investigación que se realiza en contra de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides).
La Policía confirmó en esa ocasión que Juan Sebastián Chamorro había sido detenido, y de igual manera se llevaron al expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, José Adán Aguerri, y a Granera.
El 9 de junio las detenciones continuaron. La Policía de León allanó la vivienda del opositor José Pallais, quien fue golpeado, según denunciaron familiares.
También a esta lista se suman los extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios, Walter Gómez y Marcos Fletes, quienes fueron detenidos de forma violenta antes de ser llevados a la cárcel El Chipote. Desde que fueron secuestrados el pasado 29 de mayo, por las investigaciones en contra de la Fundación Violeta.