La directora ejecutiva de ONU Mujeres, Phumzlis Miambo-Necuka, ha señalado que el nivel de violencia contra las mujeres es “muy preocupante” durante la pandemia y destacó la juventud de la mayoría de quienes la sufren.
“(En el informe) Estamos hablando de la situación previa a la imposición de medidas para hacer frente a la pandemia, como el confinamiento en los hogares. Sabemos que la covid-19 ha dado lugar a una pandemia oculta de todos los tipos de violencia contra las mujeres y las niñas, como muestra el incremento de los casos notificados”, apuntó Phumzile Mlambo-Ngcuka.
La funcionaria llamó a todos los gobiernos a hacer frente a esta problema “de forma decidida”, aumentando la protección a las mujeres y fomentando su empoderamiento.
La violencia de género es un lastre generalizado que las mujeres empiezan a sufrir a edades muy tempranas y que se ha agudizado con los confinamientos debidos a la pandemia, revela la agencia mundial de salud y detalla que casi 736 millones la padecen a manos de una pareja o de otras personas. Los datos revelan que el problema no ha disminuido durante la última década y se sabe que se ha agravado durante la pandemia de covid-19, señala la agencia de la ONU para la salud.
Un tercio de las mujeres del planeta es víctima de violencia física o sexual, generalmente desde que es muy joven, informaron este martes la Organización Mundial de la Salud (OMS) y ONU Mujeres.
Según esas agencias de las Naciones Unidas, 736 millones de mujeres han sufrido ese flagelo a manos de una pareja o por otras personas y una de cada cuatro jóvenes de entre 15 y 24 años que ha tenido alguna relación íntima lo habrá padecido al llegar a los 25.
Lo más alarmante es que el fenómeno no ha retrocedido en los últimos diez años y, peor aún, que se ha exacerbado durante los confinamientos ordenados por la pandemia de COVID-19.
En una conferencia de prensa conjunta de la OMS y ONU Mujeres, el director general del organismo de salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, recordó que la violencia contra la mujer está presente en todas las culturas y subrayó su aumento durante la emergencia del coronavirus.
“Sin embargo, no disponemos de vacunas para ponerle freno, sólo podemos hacerle frente si los gobiernos, las comunidades y las personas adoptan medidas y las integran plenamente con el fin de cambiar actitudes perjudiciales, mejorar el acceso a las oportunidades y los servicios para las mujeres y las niñas y fomentar las relaciones saludables y de respeto mutuo”, dijo.
Aunque los datos sobre los actos de violencia de género son parciales porque muchas víctimas no la denuncian por temor a la estigmatización, las informaciones disponibles muestran que los ataques físicos o sexuales perpetrados por una pareja son el tipo de violencia más frecuente contra las mujeres, dando como resultado registrado 641 millones de afectadas.
A estas embestidas se suman las agresiones sexuales de personas que no son el cónyuge o un compañero íntimo que reportan el 6% de las mujeres.
Estos números se desprenden del documento «Estimaciones mundiales, regionales y nacionales de la prevalencia de la violencia de pareja contra la mujer y estimaciones mundiales y regionales de la prevalencia de la violencia sexual fuera de la pareja contra la mujer”, el mayor estudio hecho hasta ahora sobre el tema, y comprenden el periodo de 2000 a 2018, es decir, no incluyen el impacto de la pandemia, que además ha interrumpido servicios de apoyo a las víctimas.
La directora ejecutiva de ONU Mujeres, también participante en la conferencia de prensa, calificó el nivel de violencia contra las mujeres como “muy preocupante” y destacó la juventud de la mayoría de quienes la sufren, sonando la alarma del efecto de la crisis de la covid-19.
Las mujeres de los países de renta baja y baja media padecen la violencia de género de manera desproporcionada.
La OMS estima que el 37% de las mujeres de los países más pobres han sido objeto de violencia física o sexual por parte de una pareja en algún momento de su vida, y en algunos de estos países la incidencia alcanza a una de cada dos mujeres.
De acuerdo con el estudio, Oceanía, Asia meridional y África subsahariana son las regiones con mayor prevalencia de este lastre entre las mujeres de 15 a 49 años, con índices entre 33% y 51%.
Europa, Asia central y el sureste asiático registran las tasas más bajas con indicadores que van de 16% a 21%. América Latina y el Caribe registran un 25%
El grupo etario con mayores tasas de violencia reciente comprende a las jóvenes entre 15 y 24 años.
La violencia afecta la salud y el bienestar de la mujeres durante mucho tiempo después de ocurrida, a veces toda la vida. Los daños incluyen lesiones físicas, depresión, ansiedad, embarazos no deseados y enfermedades sexuales transmisibles, entre otros. El efecto pernicioso se extiende más allá de las víctimas y afecta a la sociedad en su conjunto, con costos enormes en los presupuestos y desarrollo de los países.
Para evitar la violencia de género, la OMS y ONU Mujeres consideran urgente combatir las desigualdades económicas y sociales sistémicas, ampliar el acceso a la educación e impulsar la creación de empleos seguros y decentes. Asimismo, se requiere cambiar las normativas e instituciones que discriminan por motivos de género y garantizar los servicios para las víctimas de esa violencia.
La OMS también pide poner fin a las normas sociales que perpetúan las desigualdades, reformar las leyes discriminatorias y potenciar los mecanismos jurídicos pertinentes.
La OMS y ONU Mujeres listaron varias medidas para que los países hagan frente a todas las formas de violencia contra la mujer:
Fortalecimiento del sistema sanitario para garantizar que las víctimas tengan acceso a asistencia básica y otros servicios cuando sea necesario, intervenciones en las escuelas y los centros de enseñanza que cuestionen las actitudes y creencias discriminatorias, incluida la educación sexual integral, inversiones específicas en estrategias de prevención sostenibles y eficaces.
El Estado no está preparado para atender a las víctimas de violencia de género.
Desde hace dos semanas, en las redes sociales hombres y mujeres vienen denunciando casos de abuso sexual. Cada día se conoce una nueva.
Sara Fernández, oficial de incidencia del Centro de Justicia y Paz, dijo que esta es una oportunidad para que funcionarios y Ministerio Público demuestren que pueden estar a la altura de la situación. Tamara Adrián, diputada a la Asamblea Nacional, y Mercedes Muñoz, presidenta de la Asociación Venezolana para una Educación Sexual
En Venezuela, el país donde el régimen no comparte cifras oficiales, en el que víctimas de violencia de género y ONG denuncian impunidad, y en el que la población no confía en las instituciones, se originó en las últimas semanas, a través de las redes sociales, un tsunami de denuncias de acoso y abuso sexual que arrastró, principalmente, a figuras del gremio artístico venezolano.
El Ministerio de la Mujer, poco después de hacerse pública la situación, pidió a las víctimas denunciar ante las instituciones. Pero esas víctimas o sobrevivientes de violencia de género no confían en el sistema encargado de impartir justicia.
Sara Fernández, abogada y oficial de incidencia del Centro de Justicia y Paz, expresó que esa realidad se ve reflejada en la necesidad de las víctimas de acudir a las redes sociales para contar su testimonio antes de formalizar una denuncia. «Precisamente demuestra la desconfianza que hay en el sistema de justicia venezolano. Si quieren que las víctimas denuncien lo ocurrido, tienen que brindarles confianza, llevarles un proceso con la debida diligencia. El problema en Venezuela no es el marco normativo, sino la implementación por parte de los operadores de justicia y los órganos de protección. Los hechos denunciados en las redes de acoso y abuso sexual, agregó, están tipificados en la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
“Tenemos ese marco normativo que sí tipifica todas estas conductas, que las convierte en delitos; incluso cuando no está tipificado un delito, sí está la conducta tipificada en el Código Penal como un agravante a la violencia sexual. Entonces el problema no es del marco normativo, es un problema de implementación”, afirmó.
En la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se exponen 21 tipos de violencia: psicológica, acoso u hostigamiento, amenaza, física, doméstica, sexual, acceso carnal violento, prostitución forzada, esclavitud y acoso sexual, laboral, patrimonial y económica, obstétrica, esterilización forzada, mediática, institucional, simbólica, tráfico y trata de mujeres, niñas y adolescentes, inducción o ayuda al suicidio y femicidio.
Mercedes Muñoz, presidenta de la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (Avesa), agregó que en la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, en sus artículos 259 y 260, se describe el delito de abuso sexual, aunque en el caso de los adolescentes solo está penado si el hecho ocurre sin el consentimiento del menor.
Las denuncias a través de las redes sociales, aclaró, no revierten ningún delito y, desde el punto de vista legal, no tienen ninguna validez. Por esta razón, recomendó que las víctimas hagan una denuncia formal para que se desarrolle una investigación adecuada, con personas preparadas, se logre un juicio y se determine una sanción. «Pero hay desconfianza en el sistema de justicia«.
Señalan que la denuncia en contra de Alejandro Sojo, vocalista de la agrupación Los Colores, por abuso sexual, fue de las primeras que tuvo gran impacto. Con este caso se comenzó utilizar en las redes sociales el término «estupro» para referirse al delito. Pero en la legislación venezolana el término no existe.enta de lo que había pasado. En algún momento comienza a tener conciencia por su propio desarrollo cognitivo, porque empieza a juntar las piezas que tienen que ver en este caso, y ahí es cuando reacciona, elabora y sabe que fue víctima de abuso”.
Sara Fernández hace un llamado a las víctimas a presentar denuncias formales más allá de las redes sociales. «Permite tener un debido proceso, el derecho a la defensa que tiene el agresor de los hechos, pero también tener una reparación y determinar responsabilidades en el sistema judicial. Creemos que para reparar el daño una denuncia formal es lo mejor, entendemos que esa denuncia tiene que hacerse con un acompañamiento legal y psicológico porque el proceso por el cual tiene que pasar la víctima, que además no puede mantener su anonimato, puede revictimizarla si no está debidamente acompañada psicológica y legalmente», dijo.
«Es una oportunidad para que el funcionario y el Ministerio Público demuestren que pueden estar a la altura de estas denuncias, que se puede llevar una debida diligencia, que pueden hacerlo de forma imparcial y sin politizar el movimiento de denuncias que existen. Es una buena oportunidad para que muestren que pueden hacerlo», añadió.
Para la abogada Tamara Adrián, diputada a la Asamblea Nacional electa en 2015, comentó que en Venezuela se deben encontrar las trabas que impiden avanzar en la implementación de las leyes a través de políticas públicas, con objetivos realizables, factores de misión adecuados y resultados medibles.
«Las posibilidades reales de comportamientos sociales sin un incentivo y sin políticas públicas para la mejora son nulas, y lo que de facto se produce es lo contrario: un desmejoramiento de las condiciones sociales. El chavomadurismo ha impedido el cambio social real a través de políticas públicas efectivas», afirmó.
En Venezuela nunca ha habido programas de inclusión efectiva de las mujeres o de la población LGBTI en los colegios, trabajos y en la vida cotidiana, comentó la diputada. En otros países de América Latina se han implementado cambios con distintas modalidades, agregó.
«Hay leyes, sí. ¿Son necesarias otras leyes? Probablemente no, porque cuando se dice cambiar las leyes podría referirse a que hay que aumentar las penas; y la verdad es que el aumento de las penas per se no es un elemento disuasivo y nunca lo ha sido de la actividad criminal. Lo que cambia la actividad criminal son las políticas públicas, ese momento en el cual la gente empieza a ver mal la actividad patán y toma acciones y persigue esas actividades y las sanciona. Es decir, sin las políticas públicas y la aplicación efectiva de la ley es imposible que haya un cambio social», explicó.
«La estadística demuestra que esas denuncias que se hacen, esas expresiones de salir a decir las cosas públicamente, son el destape de la olla que venía haciendo presión en mucha gente.
Entre 50% y 60% de los niños, niñas, adolescentes, mujeres y personas LGBTI ha sufrido acoso. La gran mayoría de esos actos ocurre en el ámbito intrafamiliar o en el ámbito de personas conocidas, iglesias y colegios. Y personas conocidas son parte del problema. Los atacantes también pueden ser mujeres aunque en un porcentaje mucho menor, alrededor de 7% y 10%. 90% o más son hombres», añadió.
La abogada indicó que en el ámbito de mujeres y de adolescentes, en la población LGBTI, más de 90% de las víctimas nunca denunció haber sufrido acoso verbal, bullying o agresiones físicas.
«¿Cuál es la verdad? Casi 90% no tenía confianza en el sistema judicial. Casi 60% tenía miedo de represalias, porque el autor había sido una persona de poder. Un 50% porque se trataba de la familia, porque el agresor fue el papá, el hermano, el tío, la tía, es decir, alguien del círculo familiar. Creo que las mismas respuestas podrían llevarse a otros ámbitos. La violación y el abuso no es solo contra mujeres, es contra niños y niñas, es contra adolescentes, mujeres y población LGBTI. Todas estas poblaciones son afectadas por este tipo y forma de violencia basada en género«, manifestó.