Desde que el pasado 3 de noviembre el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, anunciara la apertura de una investigación formal a Venezuela, defensores de esta decisión repiten, como si de un mantra se tratase, que Nicolás Maduro y altos funcionarios están en el punto de mira del alto tribunal. Pero es falso, al menos, de momento.
Khan lo dejó claro antes de irse de Venezuela, tras una visita de tres días, y lo reiteró a su regreso a La Haya (Holanda), donde se encuentra la sede de la CPI: «No se ha identificado a ningún sospechoso». Las pesquisas se centrarán en confirmar, o no, si se produjeron delitos sobre los que el alto tribunal tiene competencia.
Así lo recoge un memorando de entendimiento suscrito en Caracas por las partes, cuyos signatarios fueron Maduro, en representación de Venezuela, y Khan, en nombre de la Fiscalía de la CPI.
«En esta fase no se ha identificado a ningún sospechoso ni a ningún objetivo», señala el documento, que explica que «la investigación tiene por objeto determinar la verdad y si existen, o no, motivos para formular cargos contra alguna persona».
La CPI deja abiertas todas las opciones hasta que la investigación, que se realizará en estrecha colaboración con el Estado venezolano -con prioridad para hacer averiguaciones desde el propio país-, arroje frutos, ya sea en positivo o en negativo.
«Es determinante la decisión del fiscal de la CPI de abrir una investigación formal sobre crímenes de lesa humanidad y violación sistemática de los derechos humanos a Nicolás Maduro y su cadena de mando», escribió el sector opositor de Juan Guaidó en su cuenta de Twitter.
Sin embargo, tal y como reza el memorando de entendimiento, apegado al Estatuto de Roma -del que Venezuela es Estado parte desde el año 2000-, la CPI otorga a las instituciones nacionales la potestad de investigar los hechos denunciados, por los que el alto tribunal mantiene abierto el proceso.
Los resultados de la investigación en el país serán comunicados a la Fiscalía de la CPI, conforme al principio de complementariedad, que significa que, en ningún caso, la justicia internacional desplazará ni obviará a la nacional, sino que deben complementarse y prestarse apoyo mutuo.
Las instituciones venezolanas se comprometieron a investigar, analizar todos los casos y facilitar al tribunal de La Haya cualquier dato nuevo o que sea requerido, un requisito que debe ser recíproco, por lo que el país caribeño espera que la CPI facilite la información con la que cuenta y que, hasta el momento, «no ha sido aportada», pese a haberse solicitado «en reiteradas ocasiones».
Sin embargo, la oposición afirma, de manera rotunda, que «se han cometido crímenes de lesa humanidad», por lo que -considera- se debe buscar «una sentencia condenatoria», palabras que desacreditan las del propio Khan, quien se limitó a decir que «procede abrir una investigación para establecer la verdad», ignorando acusaciones no probadas y respetando los principios establecidos.
Tanto el Gobierno como el resto de instituciones estatales lo dejaron claro desde el momento en que se dio a conocer la continuidad del proceso: respetan la decisión pero no la comparten.
«El fiscal (de la CPI) ha decidido pasar a la siguiente fase. No compartimos la decisión, pero la respetamos», dijo Maduro en su calidad de jefe de Estado, durante el acto en el Palacio Presidencial de Miraflores, en el que también participó Khan.
Por su parte, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, mostró, durante una entrevista con Efe, su desacuerdo, al considerar que «no se cumplen los requisitos del Estatuto de Roma» para la apertura de la investigación.
Sin embargo, manifestó el «firme compromiso» de colaborar con el alto tribunal para esclarecer cualquier hecho que se considere para ser evaluado, y agradeció a Khan la oportunidad brindada a Venezuela para que sean las instituciones nacionales las que tengan prioridad en avanzar con la investigación y demostrar.
Recordó la necesidad de que cualquier denunciante o afectado recurra a la Justicia nacional, en primera instancia, para que esta pueda actuar frente a cualquier delito que se produzca en el país, ya que, de lo contrario, «no se da la oportunidad de aplicar las leyes» contempladas en la legislación venezolana.
La CPI abrió el examen preliminar en febrero de 2018 y, siete meses después, recibió la solicitud de un grupo de Estados parte del Estatuto de Roma para que se investigaran presuntos crímenes de lesa humanidad, algunos de los cuales estaban siendo investigados en Venezuela y otros sobre los que no se han podido aportar pruebas o no fueron puestos en conocimiento de la Justicia nacional.
Con información de EFE