Mientras el Gobierno de Nicolás Maduro avanza “de forma lenta y selectiva” con las etapas de vacunación en el país, la desesperación por recibir el complemento biológico crece en los trabajadores públicos y privados ante el incremento de casos Covid-19.
En estas últimas semanas, gremios y sindicatos han exigido al Estado venezolano que se acelere el proceso de inmunización, pues afirman que diariamente ven fallecer a familiares y personas cercanas a consecuencia de la enfermedad, aun cuando estos reportes no aparecen en las cifras oficiales.
Tal es el caso del personal que labora en la Corporación Eléctrica Nacional, del estado Lara, donde se han reportado extraoficialmente al menos 20 contagios y un fallecido en estos últimos días.
El secretario de reclamos del gremio, Alberto Perozo, manifestó su preocupación sobre dichos casos que a su juicio los directivos de la empresa han mantenido en opacidad originando desconfianza en la masa trabajadora.
“Sabemos aguas abajo, de un gran número de contagios y de asintomáticos presentados en dependencias de la Corporación en la región”, dijo mediante un comunicado de prensa.
“Queremos expresar nuestra más sentidas palabras de condolencia a los familiares del ingeniero Acosta”, agregó al referirse a la muerte de un compañero de trabajo con más de 25 años de servicio activo debido al virus.
“Los trabajadores eléctricos prestan un servicio medular a la nación, el cual permite a los usuarios, mejor calidad de vida y desarrollar la actividad económica del país, por lo que es imperioso que el personal se sienta protegido con acciones reales y contundentes que resguarden sus vidas y porque no, también la de los usuarios”, señaló Perozo.
Refirió, que a pesar de que los trabajadores laboran en una cantidad mínima necesaria para reducir los riesgos por la pandemia que afecta al mundo, en este momento están expuestos a diario: “Es por esta razón que exigimos un plan de vacunación para los trabajadores eléctricos que es la forma más segura de prevención y así garantizar que el poco personal disponible que nos queda, por las malas políticas laborales, puedan seguir prestando el servicio de manera segura y sin poner en riesgo a su núcleo familiar”, indicó.