El pasado viernes 15 de abril, mineros de la mina El Cacho San Isidro, en Tumeremo, denunciaron que fueron desalojados por orden de una empresa, de la que no se conocen mayores detalles, y que llegó hace unos seis meses a instalarse en la zona.
Desde entonces mantienen el cierre vial de la troncal 10, vía internacional que comunica a los municipios del sur de Bolívar y con Brasil. Los mineros piden también la intervención de la Corporación Venezolana de Minería (CVM) y la destitución de su presidente, Carlos Osorio.
“Pedimos que nos devuelvan la mina El Cacho. Ahora nos amenazan por redes sociales de que nos van a detener. Pedimos que nos den una solución. Nos han agredido, destruido nuestros campamentos, y hasta ahora ninguna autoridad se ha pronunciado”, dijo una minera.
El exalcalde de Sifontes, Carlos Chancellor, manifestó que los mineros del sur exigen respeto y justicia. Denunció que “los militares también se presentaron en la comunidad indígena San Juan de Venamo, ubicada en el límite con el territorio en reclamación a la Guayana Esequiba”.
Chancellor advirtió que las minas asignadas a las comunidades indígenas también están amenazadas.
Se pudo conocer que inicialmente eran 483 personas las que trabajaban en la mina El Cacho, ahora quedan 224 mineros. “Si no desalojamos, nos van a sacar a la fuerza”, denunciaron los mineros.
Desde hace más de cinco años, las protestas de mineros en Tumeremo se centran principalmente por el impedimento de su ingreso a una mina, traduciéndose en desalojos por parte de fuerzas militares. Algunos ingresan por trochas, exponiéndose a una detención o una ejecución.