Citgo, filial en Estados Unidos de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), enfrenta una encrucijada existencial: asediada por acreedores en la justicia estadounidense, la empresa podría ser subastada si no logra negociar con quienes buscan cobrar deudas del país caribeño mediante la venta de las acciones de la refinadora.
¿Es posible para Venezuela evitar el remate de su mayor activo en el extranjero?
La AFP repasa escenarios en torno a esta refinadora, enredada en la pugna política entre Washington y el presidente Nicolás Maduro, que incluye un embargo al crudo venezolano desde 2019.
Una creciente lista de acreedores que aspira a cobrar deudas de diversa índole lleva por encima de 20.000 millones de dólares los reclamos contra Citgo en Estados Unidos, según la consultora EMFI Securities, con sede en Londres.
La cifra contempla litigios por bonos de PDVSA emitidos por El presidente Maduro en 2020, con 50,1% de las acciones de Citgo como garantía, y causas por expropiaciones de activos petroleros y mineros en Venezuela.
Negociar con los acreedores es la alternativa de la directiva ad hoc que la oposición venezolana designó para PDVSA en 2019, reconocida por Washington en su ofensiva para intentar desplazar del poder a Maduro. Su presidente, Horacio Medina, sostiene que Citgo tiene capacidad de renegociar en lo inmediato unos 11.000 millones de dólares de los montos reclamados.
En 2019 “Citgo tenía (un) valor de 4.500 millones de dólares y su deuda era de 4.800 millones”, comenta Medina a la AFP sobre esta compañía con sede en Houston, que pone en el mercado unos 800.000 barriles diarios de combustibles y productos para más de 40 países.
“No es que Citgo estuviese en riesgo de perderse, sino que estaba perdida”, destaca.
Medina asegura que esa situación restaba “credibilidad” a cualquier negociación con acreedores, así que “la única opción clara era adelantar procesos de litigio para ganar tiempo”, mientras el Departamento del Tesoro estadounidense emitía medidas de “protección” que bloquearon por meses la ejecución de órdenes judiciales contra la compañía.
Hoy, con valor de unos 10.000 millones de dólares según Medina, Citgo está en mejor posición. Favorecida por el impulso de la refinación con el alza de los combustibles tras la invasión rusa a Ucrania, reportó ganancias de 2.800 millones de dólares en 2022, de 937 millones en el primer trimestre de 2023, y ha recomprado deuda.
El futuro, sin embargo, es incierto: el juez federal Leonard Stark aprobó el año pasado medidas para vender las acciones de PDV Holding -casa matriz de Citgo- como compensación a la corporación canadiense Crystallex por la expropiación de una mina en Venezuela en 2011.
Y la estadounidense ConocoPhillips espera también indemnizaciones por expropiaciones ocurridas en 2007.
Los países y las empresas públicas se consideran normalmente entes separados, pero Stark valida el argumento de los acreedores: para el magistrado, Citgo es un ‘alter ego’ del gobierno de Venezuela, ergo, es un activo disponible para pagar compromisos de PDVSA y de la nación.
El gobierno de Maduro, que denuncia un “robo” de Citgo, mantiene control de PDVSA, pero la directiva ad hoc que encabeza Medina administra su subsidiaria en Estados Unidos.
“No podemos permitir, no podemos aceptar, que (Citgo) sea saqueada”, protestó Maduro.
Esta semana Citgo recuperó acciones en poder de la petrolera rusa Rosneft (49,1%) por un préstamo otorgado en 2016 a PDVSA y garantizado con papeles de la refinadora, tras una decisión de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro.
Con información de Noticia al Día