Desde hace casi un año, un grupo de emprendedores comenzaron a denunciar varios casos de presunta estafa por estafa por parte de la empresa de envíos internacionales Latimcargo & Trading Inc., la cual ofrecía la importación de productos desde China y Estados Unidos.
Según el testimonio de los afectados, se trata de un grupo de más de 60 comerciantes que contrataron a la compañía para importar mercancía por vía marítima. Aseguran que confiaron en esa empresa, debido a la campaña publicitaria que se lanzó en Venezuela, la cual contó con reconocidas personalidades, como lo son Daniel Sarcos y Maite Delgado.
Sin embargo, tras contratar el servicio, comenzaron a surgir contratiempos e inconvenientes, dijeron los denunciantes. Aseguraron que, ante la situación, la importadora solamente evadía sus preguntas o respondía con excusas.
“La mercancía de todos empezó a llegar a partir de enero, y se suponía que debían entregárnosla en febrero. Pero cuando llega el mes de marzo suenan las alarmas; la mayoría de nosotros tenía conocimiento del tiempo de demora en las entregas y fuimos a una primera reunión con la empresa, cuyas oficinas se ubicaban en la Torre Humboldt, del municipio Baruta”, en Caracas, relató uno de los emprendedores, quien solicitó a El Nacional no ser identificado.
Durante aquel encuentro, los denunciantes se reunieron con una gerente de la empresa, a quien identificaron como Génesis Matute; de igual manera, realizaron una videollamada con Rubén Díaz, quien sería el propietario de la empresa.
Emprendedores víctimas de promesas incumplidas
El denunciante detalló que les aseguraron que en un lapso de, máximo, 15 días les entregarían su mercancía, sin embargo, se convirtió en una espera eterna.
“Mientras nosotros esperábamos, a través de las redes sociales Latimcargo & Trading Inc. lanzaba comunicados informando sobre supuestos problemas de liquidez y económicos. Decían que estas razones eran las causantes de la demora”, explicó.
En este sentido, el emprendedor añadió que, en el momento de contratar el servicio, se les aseguraba una espera de tres meses: “Pero mucha de la mercancía salió en noviembre del año pasado (2022) y hasta ahora no ha llegado”.
Desde ese momento, la compañía lanzaba un nuevo comunicado cada 15 días. “Luego empezaron a despedir a los trabajadores, muchos de ellos también fueron al Ministerio del Trabajo a denunciar incumplimiento del contrato por parte de Latimcargo & Trading Inc.”, relató.
La angustia de los afectados fue mayor cuando acudieron nuevamente a la sede de la empresa y encontraron las puertas cerradas. “Su sede física fue clausurada por el Instituto Postal Telegráfico (Ipostel, ente regulador del sector postal nacional), que colocó un cartel en las instalaciones que indicaba que no tenía la concesión postal para operar”, dijo.
A pesar de ello, por medio de las redes sociales, los denunciantes señalaron que la compañía aún opera en medios digitales, en los cuales capta nuevos clientes. “Anteriormente, nos dijeron que no tenían liquidez para traer la mercancía, que en aduana les estaban cobrando 38% por concepto de nacionalización y no tenían para pagar. Pero siguen buscando nuevos clientes”, denunció Amneris Treco, a través de TikTok.
Por otro lado, los algunos denunciantes manifestaron que se les informó que la empresa les haría un “recargo” en los montos de la mercancía. Sin embargo, estos excedían el precio de la misma.
Debido al retraso en la entrega de los productos, tuvieron que cerrar sus negocios, al no poder generar ingresos.
“Estamos afectados económicamente, psicológicamente y a nivel de salud, por todo el estrés que pasamos. La empresa quebró a más de un emprendedor que lo único que tenían eran sus ahorros y plata prestada”, declaró otro de los emprendedores afectados.
Por medio de las redes sociales, diversos grupos de comerciantes, quienes sufren las consecuencias de esta situación, realizan una campaña para que se escuchen sus denuncias, las cuales, aseguran, ya han enviado a distintos entes del Estado.
No obstante, hasta los momentos no han recibido una respuesta concreta por parte de la Superintendencia Nacional para la Defensa para los Derechos Socioeconómicos (Sundde), ni del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).