Circula ya, editado por la Fundación Centro Gumilla el libro “Sanciones Económicas. Efectos colaterales en empresas privadas y organizaciones humanitarias”, del economista Víctor Álvarez.
La Fundación Centro Gumilla nace en Caracas, en 1968, motivada por la preocupación de la Compañía de Jesús por las desigualdades y la pobreza que al igual que en buena parte de Latinoamérica azotaban para la fecha a Venezuela y que en nuestro caso continúa siendo dolorosa realidad. Es mucho lo que han hecho, desde la Fundación, a lo largo de estas décadas, sacerdotes, religiosos y laicos por lo que en la Carta del entonces General de los Jesuitas, P. Juan Bautista Janssens, denominó, en el lejano 1949, la “cuestión social”.
Por razones inentendibles, la positiva gestión de la Fundación Centro Gumilla, y con tal por la Compañía de Jesús, en Venezuela -especialmente en los barrios caraqueños-, ha sido vista por decir lo menos con ojeriza por sucesivos gobiernos. A quien mejor se lo he oído describir ha sido al Padre Ugalde S.J, quien, en un retiro reciente, en el litoral guaireño, nos comentó, palabras más, palabras menos, que algún tiempo atrás, desde el Poder, los etiquetaban como comunistas para en los últimos años señalarlos como lacayos del imperialismo. Vale decir que ni ayer ni hoy a la Fundación Centro Gumilla se le puede acusar de pro-oficialista.
Casi podemos afirmar lo mismo, a estas alturas, de Víctor Álvarez, Economista, Premio Nacional de Ciencias, que si bien por las posiciones que ocupó alguno pudiera descalificar por cercano al gobierno, basta leer sus publicaciones recientes para concluir que estamos en presencia de un profesional de altísimas calificaciones muy capaz de emitir juicios absolutamente objetivos, libre de perjuicios partidistas.
Lo cierto es que “Sanciones Económicas. Efectos colaterales en empresas privadas y organizaciones humanitarias” pone una vez mas en el tapete, con la mayor rigurosidad académica, la salvaje agresión y sus terribles consecuencias contra todo un país, Venezuela, por parte de regímenes extranjeros a petición de nacionales difíciles de calificar.
Son novecientes veinte y seis sanciones que pesan sobre Venezuela que bien lo afirma el sacerdote jesuita Manuel Zapata “no han hecho otra cosa que perjudicar a una nación entera, que se ha postrado más en la pobreza, la desigualdad y la exclusión social. Las sanciones han empeorado la situación humanitaria y la destrucción del sistema productivo”.
Según expertos un crimen de lesa humanidad es un acto cometido con la intención de causar sufrimiento como parte de un ataque sistematizado o generalizado contra la población civil, correspondiendo a la Corte Penal Internacional juzgarlo no existiendo un límite de tiempo para denunciarlos o perseguirlos.
Mencía Montoya Barreiros, graduado del Kings College London y posgraduado en la Universidad Carlos III, explica que “Un crimen de lesa humanidad cuenta con tres elementos. Primero, se trata de actos graves, que violan los derechos fundamentales de la persona. En segundo lugar, deben cometerse como parte de un ataque sistemático o generalizado contra la población civil. Por último, el agresor ha de ser consciente de su ataque contra la población civil y de su función en ello. Estos tienen que ser el resultado de cumplir una política del Estado o de una organización paralela, pero, a diferencia del genocidio, el crimen de lesa humanidad no requiere la intención de erradicar a un grupo. La intención de cometer los actos contra la sociedad civil es suficiente”. ¿No este el caso de las sanciones económicas contra los venezolanos y las venezolanas?
Si existiese justicia, más temprano que tarde los promotores y responsables de la aplicación de las sanciones económicas contra Venezuela deberían de ser denunciados ante la Corte Penal Internacional y castigados con todo el peso de la Ley. Que queden impunes es igualmente criminal.