La discriminación y la violencia contra las mujeres en América Latina siguen estando a la orden del día. La región es una de las más violentas para las mujeres, lo que ha llevado a activistas y defensoras de los Derechos Humanos a exigir medidas contundentes por parte de los gobiernos para educar y exigir una vida plena y libre de violencia.
Con países que registran un promedio de once femicidios al día, la situación es calificada como «inaceptable» por agencias y organizaciones de la sociedad civil, que estiman necesario que los Estados y la Justicia aboguen por modernizarse y actualizar su legislación para garantizar la protección de las mujeres.
La directora de ONU Mujeres para América Latina, María-Noel Vaeza, ha recalcado en una entrevista concedida a Europa Press que la cultura de la violencia «no se acaba solo con la denuncia» y ha incidido en que la lucha a favor de los derechos de las mujeres «pasa por tratar de cambiar el comportamiento que reproduce la violencia machista».
Para ella, es necesario también transformar las actitudes y conductas de aquellos que ejercen la violencia» en aras de una «transformación cultural a través de un esfuerzo educativo». «No podemos seguir viviendo en sociedades que reproducen la violencia contra las mujeres», ha manifestado al tiempo que ha aplaudido los avances legislativos que tipifican el feminicidio como delito.
A la hora de luchar contra la violencia machista desde las instituciones es importante lograr un «esfuerzo conjunto de los gobiernos y la sociedad civil», un trabajo que, según Vaeza, «da frutos». «Así lo demuestran algunas leyes que se han aprobado en Europa y en América Latina a favor de la igualdad de género y en contra de la violencia hacia las mujeres. Y eso ha sido posible, precisamente, gracias a las demandas de la sociedad civil y al trabajo de las instituciones que articulan y dan forma a esas aspiraciones», ha aseverado.
En América Latina cada país se enfrenta a su propio reto en materia de defensa de los derechos de las mujeres. «Está claro que hay que seguir trabajando con toda la sociedad para que los avances cosechados se consoliden y no haya retrocesos», ha puntualizado la uruguaya, que también ha trabajado como directora de Programas de ONU Mujeres.
En este sentido, Vaeza ha recalcado la importancia de una sociedad civil «vigilante y activa» y ha aprovechado la ocasión para llamar la atención a los gobiernos, especialmente a causa de la pandemia de coronavirus. «Esta pandemia ha supuesto un retroceso de entre 15 y 18 años en relación con los derechos de las mujeres», ha lamentado antes de referirse al aspecto laboral.
«Esto solo ha agravado la pandemia de violencia que ya existía previamente contra las mujeres», ha manifestado al tiempo que ha reivindicado la paridad a pesar de que América Latina sea la región con mayor número de mujeres parlamentarias. «Todavía estamos lejos de ocupar la mitad de las sillas en los congresos, en las directivas de las empresas y ni siquiera llegamos a ocupar la mitad de las secciones de opinión en los diarios», ha insistido.
Acoso laboral
Vaeza ha subrayado, además, que para hacer frente a la violencia contra las mujeres es necesario «denunciar, educar, exigir que se aprueben leyes efectivas» y también «velando por el derecho de las mujeres a trabajar y a formarse».
Ante el alto nivel de acoso laboral, ha hecho hincapié en que los agentes estatales deben jugar un papel importante y «garantizar la plena aplicación, el control y el cumplimiento de las leyes contra el acoso».
«Los gobiernos tienen un papel en la promoción del cambio social y la legislación debe complementarse con políticas globales y medidas prácticas que aborden las causas fundamentales de la violencia y el acoso mediante el cambio de las normas sociales, incluso dentro de las instituciones y en el mundo del trabajo», ha especificado.
Llegados a este punto, ha señalado, los actores del mundo laboral, como empresas y sindicatos, «deben contribuir a que las leyes sean pertinentes y facilitar su aplicación en los lugares de trabajo».
Ya en 2021 la Organización Internacional del Trabajo y ONU Mujeres pidieron a los países de América Latina y el Caribe ratificar el ‘Convenio 190 sobre la Violencia y el Acoso’ tras su entrada en vigor.
Sin embargo, después de un año son pocos los países que lo han ratificado: Argentina, Ecuador, Perú y Uruguay. Chile, por su parte, se ha comprometido a convertirlo en ley próximamente. Si bien son pocos países, tal y como ha denunciado Vaeza, «América Latina sigue siendo la región en la que más países han ratificado el convenio», que reconoce el derecho de todas las personas a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso.
«El convenio, por su propia naturaleza, requiere ser implementado por el Estado, el sector privado y los sindicatos. Lograr el consenso entre esos tres actores es un proceso que toma tiempo», ha afirmado al enumerar algunas de las problemáticas con las que se ha topado la ratificación del documento.