Este lunes 5 de julio, la Fiscalía General de Bolivia informó haber admitido una nueva acusación por genocidio contra la ex presidenta de facto Jeanine Áñez, a quien ya se le siguen otros procesos jurídicos por delitos similares y actos de corrupción.
A través de un comunicado en Facebook, el Ministerio Público explica que acusación fue realizada con base en las masacres perpetradas por fuerzas conjuntas de policías y militares en las comunidades de Sacaba, en el departamento de Cochabamba, y Sensaka, en el departamento de La Paz.
Así mismo “confirma al Tribunal Supremo de Justicia que inició fase de acumulación de antecedentes”.
En el documento se indica específicamente a la ex jefa de Estado de facto “por la presunta comisión” de genocidio, lesiones graves y lesiones seguidas de muerte en una denuncia interpuesta por los familiares de las víctimas.
Los hechos de Sacaba se registraron el 15 de noviembre de 2019 durante una marcha en la que los manifestantes pedían el respeto a la victoria de Evo Morales en los comicios boicoteados por la oposición y afectados por la manipulación de la Organización de Estados Americanos (OEA) y su misión de observación, que un año después reconoció la legitimidad de las elecciones de ese año.
Cuatro días después de aquellos incidentes, los pobladores hicieron un bloqueo en inmediaciones de la planta de combustibles de Senkata, en la zona alteña del mismo nombre, y se enfrentaron con las fuerzas militares que buscaban habilitar el paso en el lugar.
La versión del Gobierno golpista en ese momento fue que los disparos se produjeron entre los mismos manifestantes y que las fuerzas de seguridad no habían utilizado armamento letal, mientras que algunos organismos como la Defensoría del Pueblo establecieron que hubo un uso desmedido de la fuerza.
La acción de la Fiscalía podría derivar en la entrega de la investigación para que el Parlamento se pronuncie sobre el juicio de responsabilidades contra la ex mandataria, quien lleva casi cuatro meses recluida en una cárcel de La Paz por otro proceso en el que se la acusa de terrorismo, sedición y conspiración.
Esas acusaciones son parte de las investigaciones por el golpe de Estado por el que también se procesa a ex ministros del Gobierno de facto, además de exjefes policiales y militares.
En el Parlamento boliviano también están otras proposiciones acusatorias contra Áñez por la autorización de un crédito con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sin aval del Legislativo, la aprobación de un decreto contra la libertad de expresión y la ampliación de la concesión del Servicio Público de Registro de Comercio.