El abogado y exconcejal Luis Díaz, acudió este jueves 28 de enero a la Fiscalía 12 Anticorrupción del Ministerio Público en Monagas a interponer denuncia formal sobre presuntos hechos de corrupción, por la pérdida de bienes del patrimonio público municipal, en las instalaciones que existían los Talleres de Obras Públicas Municipales.
“Donde reposaba el parque automotor y maquinaria de la Administración Pública Municipal, se presenta como un hecho público y notorio, la destrucción de las instalaciones y la pérdida de los vehículos automotores y maquinarias pesadas, compactadoras de basura que estaban al servicio de la ciudadanía y así como también la pérdida de una flotilla de Camionetas Explorer que al principio fueron asignadas a la policía municipal”, explicó el jurista.
Díaz amparándose en lo establecido en la Constitución en su artículo 26 que establece que «toda persona tiene el derecho de acceso a los Órganos de Administración de Justicia, para hacer valer sus derechos e intereses incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y de obtener con prontitud la decisión correspondiente».
Es por ello que solicita el comienzo de una investigación que determine las responsabilidades contra quienes han cometido estos hechos contra la Hacienda Pública municipal, la cual está constituida por los bienes, ingresos y obligaciones que forman su activo y pasivo, así como los demás bienes y rentas cuya administración corresponda al ente municipal.
“Sugiero al Ministerio Público que solicité al ciudadano alcalde, Wilfredo Ordaz Toledo, el inventario de bienes a través del Departamento de Bienes Públicos donde se registran las adquisiciones de los mismos e inspeccionar el sitio en cuestión, para determinar de su existencia o no”, declaró el exconcejal.
Recalcó en su escrito presentado, lo establecido en la Ley Contra la Corrupción en su artículo 53 donde establece que las personas que sean sujetas de esta Ley, que teniendo por razón de su cargo la recaudación, administración o custodia de bienes del patrimonio público en poder de algún órgano o ente público diere ocasión por imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de las leyes, reglamentos, ordenes o instrucciones a que se extravíe, pierda, deterioren o dañes esos bienes, serán penados con prisión de 6 meses a 3 años.
Para finalizar el Abogado Luis Díaz, solicito a la Fiscalía se pronuncie para satisfacer las demandas de las ciudadanías.