El aumento de la trata de personas en Venezuela preocupa a las autoridades, a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a las agrupaciones de derechos humanos.
La ONU ha cuestionado el retraso en la publicación de un plan nacional para desacelerar el impacto del delito, especialmente cuando se trata de personas dedicadas a captar a niñas para la explotación sexual.
El Gobierno creó en julio de 2021 un consejo presidencial para combatir el problema.
Pese a la ausencia de datos oficiales, existe el convencimiento colectivo de que este delito atrapa cada día a más venezolanos que viven en la pobreza.
Un grupo de ONG locales y extranjeras y dos agencias de Naciones Unidas, crearon una estrategia para hacer frente al tráfico de migrantes, ofertas engañosas de empleo, la explotación sexual y todas las prácticas ideadas por los tratantes.
Integrantes del grupo explicaron a EFE que conocen casos de personas que dejan Venezuela «zarpando en embarcaciones» hacia países vecinos como Trinidad y Tobago, Aruba, Bonaire y Curazao.
«Las mujeres jóvenes, adolescentes y niñas continúan siendo el grupo más vulnerable, con fines de explotación sexual», sostienen las organizaciones de ayuda.
La ONG Cáritas, que tiene casas de paso en el estado Sucre, indicó a EFE que recibe frecuentemente a grupos de venezolanas deportadas de Trinidad y Tobago, muchas de ellas «heridas» o «embarazadas» luego de meses de explotación sexual en el país insular.
Además, el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) ha llamado la atención sobre el aumento de estos casos en zonas del sur dedicadas a la minería ilegal, fronterizas con Brasil y Colombia.
Gobiernos y organizaciones humanitarias estiman que unos 7 millones de venezolanos han dejado el país desde 2015, en su mayoría por vía terrestre, lo que ha creado un caldo de cultivo para traficantes de personas.
Por ello, el Ejecutivo nacional intenta frenar la emigración masiva, mientras que las instituciones del Estado se han aliado con Naciones Unidas para establecer manuales de prevención y acción frente al delito.
Uno de esos actores es la Fiscalía de Venezuela, que ha reportado el desmantelamiento de algunas redes de trata.
A mediados de 2021, el Gobierno publicó su plan nacional contra la trata de personas que incluye a 11 ministerios y al Tribunal Supremo de Justicia, entre otras instituciones, y se comprometió a sumar esfuerzos para esta cruzada, pero quienes trabajan a favor de las víctimas insisten en que hace falta más.