Organizaciones no Gubernamentales (ONG) de Venezuela criticaron que desde la Asamblea Nacional se retome la discusión del proyecto de ley que busca fiscalizar su actuación y financiamiento, y cuyo proceso de consulta abierta a la ciudadanía, establecido por la legislación local, inició este viernes.
En su cuenta de X (antes Twitter), la ONG Fundaredes aseguró que este proyecto, preaprobado en enero de 2023 por el Legislativo y a la espera de una discusión más pormenorizada para su aceptación definitiva, «viola el derecho humano a la libertad de asociación» a través de sanciones sujetas a requisitos «desproporcionados» y sin criterios definidos de evaluación.
«Dicha ley viola el derecho humano a la libertad de asociación, aumenta el cierre del espacio cívico, tomando represalias contra toda forma asociativa autónoma de la sociedad venezolana, quebrantando los tratados internacionales de DD.HH. suscritos por el Estado y la Constitución», dijo.
En la misma red social, la organización Encuentro, Justicia y Perdón recordó que la aprobación de esta norma, que dejaría a las ONG «en una situación de inseguridad jurídica indefinida», ya fue rechazada por unos 500 grupos de este tipo que se pronunciaron en conjunto contra el instrumento legal.
Acceso a la Justicia y el Observatorio de Violencias LGBTIQ+, insistieron, también en X, en que la norma va en contra de estándares internacionales. Además señalaron que la ciudadanía la desconoce.
El proyecto inicial de esta ley, compartido por algunos legisladores el año pasado, contempla multas de hasta 12.000 dólares a las agrupaciones que no se registren en la entidad de control que prevén crear, o que no declaren la identidad y procedencia de las donaciones.
La AN inició este viernes la consulta abierta con la sociedad civil sobre este proyecto que, de acuerdo con un comunicado del Legislativo, «busca permitir, supervisar, revisar y registrar las ONG».
Según el escrito, la discusión pública se mantendrá todo el fin de semana y este viernes participaron en ella miembros de movimientos sociales, funcionarios de Fiscalía, del Supremo, de las Fuerzas Armadas y de algunos ministerios, así como estudiantes de Derecho.