Cientos de migrantes en Islandia están afectados por los cambios en la ley de inmigración aprobada en marzo por el Parlamento, que entró en vigor a finales de junio.
El texto prevé que los solicitantes de asilo pierdan todos los derechos, desde la vivienda hasta la asistencia médica, 30 días después de recibir una respuesta negativa a su petición.
Unos han aceptado una repatriación voluntaria y otros se encuentran sin techo a las afueras de la capital.
El abogado Magnus Nordhal dijo que “80% de los solicitantes de asilo cuyas solicitudes son rechazadas permanecen en el país, sin derechos y viviendo en la calle. Sufren los efectos de una ley sin sentido y se ven obligados a permanecer en un limbo sin fin”.
“Estas personas no gozan del estatus de refugiados, no pueden trabajar legalmente y no son deportados: solo pueden intentar sobrevivir, sin ningún derecho”, destacó.
A Islandia llegaron mil 209 venezolanos en 2022, el mismo número registrado en tan solo el primer semestre de 2023. Entre ellos, Iván Galindo (nombre ficticio) y su familia.
Este estudiante de Arquitectura y sus padres viven en una pequeña habitación de hotel. Fueron trasladados a este lugar por los funcionarios del departamento de inmigración de Islandia a principios de año y siguen esperando que su destino se aclare.
“Vendimos la casa y el carro y con el dinero compramos los billetes de avión. Nos costó casi diez mil dólares volar desde Caracas a Reikiavik, pasando por Madrid y Ámsterdam. Un amigo de mi padre nos convenció de intentarlo y también habíamos visto algunos anuncios que circulaban en Instagram, donde se decía que Islandia ofrecía protección, altos salarios y bienestar”, recordó.
“Pero la situación no pinta nada bien”, agregó.
En abril, Islandia incluyó sorprendentemente a Venezuela en la lista de países seguros, una decisión que, en los últimos tres meses, ha provocado más de 500 denegaciones de solicitudes de protección presentadas por venezolanos.
El ministro de Justicia presentará un proyecto de ley para confinar a los solicitantes de asilo, cuyas solicitudes hayan sido rechazadas, en campos de detención.