La Subcomisión de Vivienda y Hábitat, la Asamblea Nacional (AN) y la Defensoría del Pueblo suman esfuerzos en la lucha contra los desalojos arbitrarios.
Así se conoció durante el foro «Desalojos arbitrarios. Logros, retos y desafíos», que se realizó en el Museo Boliviano.
La actividad tuvo como propósito evaluar los avances en esta materia, escuchar las inquietudes de inquilinos y pobladores.
Además conocer en qué consiste el actual acompañamiento de los parlamentarios, en articulación con la Defensoría del Pueblo y otros organismos competentes, reseña una nota de prensa.
A cargo del foro estuvo el presidente de la subcomisión, diputado Rigel Sergent.
Asimismo, participó como ponente el defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, y asistieron integrantes del Movimiento de Inquilinas e Inquilinos y del Movimiento de Pobladoras y Pobladores, así como voceros de las comunidades.
Durante el evento, el diputado Sergent expuso sobre lucha para dignificar a las familias que viven en estas condiciones.
Mencionó que el Estado venezolano, creó un andamiaje jurídico que garantiza la satisfacción del derecho a una vivienda digna, consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
En este particular, indicó que se publicó el Decreto N°1666 sobre los Procesos de Regularización de la Tenencia de la Tierra en los Asentamientos Urbanos Populares y la Ley Especial de Regularización Integral de la Tenencia de la Tierra de los Asentamientos Urbanos y Periurbanos.
También, promulgó la Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular, Ley Orgánica de Emergencia para Terrenos y Vivienda, Ley Especial de Refugios Dignos, Ley Contra la Desocupación Arbitraria de Viviendas, Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda.
Con respecto a esta última, recordó que se promulgó por el comandante Hugo Chávez en el año 2011.
A través de este dispositivo legal, se otorga al arrendamiento de viviendas un valor social, a la vez que se establece como derecho humano inalienable, ajeno a la mercantilización y la especulación.
En este sentido, mencionó que “la seguridad de la tenencia garantiza una protección jurídica contra el desalojo forzoso, el hostigamiento y otras amenazas”.
Sergent sostuvo que las y los diputados tienen el deber de acompañar al pueblo víctima de desalojos arbitrarios, así como garantizar su derecho a la vivienda y continuar apoyando a la Gran Misión Vivienda Venezuela.
Instó a promover, reforzar y proteger las diferentes formas de tenencia, como la posesión, el uso, el alquiler, la plena propiedad y los arreglos colectivos.
Por su parte, el Defensor del Pueblo planteó que la institución que dirige sigue abierta a la población, en aras de articular, con los entes competentes, la defensa de los derechos y deberes de inquilinos y propietarios, haciendo frente a los nuevos desafíos en la lucha por la vivienda.
En cuanto a la atención al pueblo, indicó que existe un canal de recepción, en cada estado del país
En ese sentido, se refirió a las fiscalías superiores, y a nivel central la dirección de derechos humanos.
Igualmente, planteó estudiar la posibilidad de crear un mecanismo con mayor confianza, y de comunicación permanente.
Ruiz reiteró el reimpulso de las mesas de trabajo con las instancias competentes en materia de arrendamiento de viviendas.
Esto con la finalidad de evitar así los desalojos forzosos; y planteó la posibilidad de impartir talleres de formación con las y los servidores públicos sobre la normativa jurídica que protege a las y los inquilinos.