Como parte de una política de compromiso con Venezuela, la administración Biden apoyó la firma del “Acuerdo de Barbados” en octubre de 2023, entre el gobierno de Venezuela y la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria.
Los acuerdos se han visto bajo presión después de que la Corte Suprema de Venezuela ratificará la prohibición de ocupar cargos públicos a María Corina Machado, la candidata de la oposición después de que ganó las primarias en octubre. Desde entonces, muchos de sus partidarios y figuras políticas estadounidenses han dicho que no puede haber elecciones justas sin su candidatura.
La Corte Suprema argumentó que Machado había representado a un tercer país, Panamá, mientras era miembro en ejercicio de la Asamblea Nacional; que apoyó la incautación de activos venezolanos en el exterior; y pidió sanciones y una intervención militar. Machado sostiene que nunca fue notificada formalmente de la prohibición y que tiene motivaciones políticas; por lo tanto no es legalmente válido.
Gerardo Blyde, principal negociador de la Plataforma Unitaria, ha dicho que el gobierno de Maduro “violó parcialmente el Acuerdo de Barbados” debido al proceso que se llevó a cabo. En su opinión, debería haber habido un juicio adecuado detrás de la decisión del Tribunal Supremo. Sin embargo, Blyde llamó a continuar en el proceso de negociación y electoral, apegándose al camino trazado por el acuerdo entre el gobierno y la oposición.
Machado inicialmente se negó a impugnar su prohibición, alegando que era ilegal. Sin embargo, apeló el 15 de diciembre, probablemente después de la presión del gobierno de Estados Unidos.
En entrevista televisada, el viceministro William Castillo, firmante del Acuerdo de Barbados, dijo que en el acuerdo “no firmamos ningún nombre. Teníamos un mecanismo general y la Corte Suprema dijo que esa persona no cumplía con los requisitos, entonces ratificaron la prohibición (a Machado)”.