Se han cumplido, este domingo 23 de enero, 64 años del derrocamiento de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Llegamos a este aniversario sumergidos nuevamente en un régimen autocrático, violador de los más elementales principios de la democracia y con un expediente de violación masiva de los derechos humanos. En medio de esa dura realidad asumimos el espíritu de lucha por la libertad y la democracia de los venezolanos, que en el siglo pasado resistieron y bregaron para lograr democracia y desarrollo humano integral para nuestra nación.
Guardando la distancia de los tiempos, los actores y la naturaleza de cada régimen, el de ahora tiene unas características especiales, que lo hace aún más perverso y demoledor. Sin embargo, la cultura y los valores de la democracia son una constante que se ha mantenido y alimentado la lucha en estos difíciles años.
Ese espíritu es el que nos animó a lanzar una nueva jornada cívica para intentar recuperar la plena vigencia del Estado de Derecho. Es ese el sentido de nuestra firme disposición a exigir al Estado socialista el cumplimiento del derecho consagrado en el artículo 72 de la Constitución, que nos permite a los ciudadanos revocar el mandato de los funcionarios elegidos y en ejercicio de sus funciones.
Por esa razón, desde el 25 de mayo de 2021 venimos exigiendo la activación del referéndum revocatorio presidencial, buscando cubrir los flancos por los cuales el régimen buscaba evadir someterse al veredicto de los ciudadanos.
El 17 de enero, el CNE en forma expedita autorizó la apertura del proceso refrendario. La razón de la celeridad para nada usual de este ente, como de todos los poderes del Estado socialista, quedó rápidamente develada cuando el viernes 21 de enero, en horas de la noche, se anunció al país la decisión de arrebatar el proceso, convocando de forma intempestiva, en abierta violación de todas las normas administrativas vigentes, la etapa de recepción de manifestaciones de voluntad para convocar el citado referéndum.
Esta decisión constituye un golpe directo a la Constitución, pues cierra de hecho el proceso al establecer un mecanismo y unos lapsos de tiempo que hacen imposible físicamente su ejecución, y mediante el cual la mayoría oficialista del CNE cercena a más de 90% de los ciudadanos venezolanos el derecho de revocar.
Ya de por sí las normas administrativas vigentes desde el año 2007 tienen graves vicios de inconstitucionalidad, y sin embargo las han desconocido hasta el punto de que violaron todos los procesos y lapsos allí consagrados, para aparentar que estaban dándole curso a nuestra solicitud, cuando en la práctica la estaban abortando.
Al ordenar la instalación de 1.200 mesas, la mayoría de ellas ubicadas en lugares periféricos y remotos, para recibir las manifestaciones de voluntad, en un lapso de 12 horas, de 21 millones de ciudadanos habilitados para ejercer ese derecho están en la práctica impidiéndoles su ejercicio. Físicamente es imposible en ese tiempo y con tan pocos centros alcanzar el 20% exigido por el artículo 72 constitucional.
Hacen además el anuncio con tan solo 96 horas de antelación, en un país donde existe una severa censura en los medios masivos de comunicación social, a los que se les ha solicitado no hablar sobre el tema refrendario, ni mucho menos dar cabida a sus promotores.
Las actuaciones del CNE constituyen un severo golpe a la Constitución y evidencia el pánico que tiene Nicolás Maduro de someterse al veredicto ciudadano, cerrando una vez más la oportunidad a los venezolanos de resolver por una vía constitucional, democrática y electoral la tragedia en la que estamos inmersos.
Maduro y su camarilla han quedado una vez más en evidencia. Exigen respetar y acatar la Constitución y ellos son los primeros que se ponen al margen de la misma. “Todo dentro de la Constitución, nada fuera de ella” ha terminado por ser una farsa para desconocer los derechos fundamentales de los ciudadanos. Hoy es un gobernante más ilegítimo. A la ilegitimidad de origen, derivada del fraudulento evento electoral del 20 de mayo de 2018, se añade ahora la consagración de la ilegitimidad de ejercicio, consumada con el pánico mostrado al negarles a los ciudadanos el derecho de valorar, mediante el sufragio, su gestión de gobernante.
En efecto, la cúpula roja, usando sus agentes en el CNE, está violando de forma flagrante los artículos 5, 6, 19, 21, 62, 70 y 72 de nuestra carta magna. En un solo acto niegan el ejercicio de la soberanía a los ciudadanos, desconocen el principio de la revocabilidad del mandato, establecen una brutal discriminación a quienes están alejados de los centros establecidos para recaudar las manifestaciones de voluntad, negándoles la garantía del ejercicio de un derecho taxativamente consagrado, entorpece de forma premeditada y alevosa el ejercicio del mismo y cierra el espacio para la participación ciudadana en los asuntos públicos.
La nueva agresión perpetrada contra la Constitución no nos amilana. Era, como lo dejé sentado en anteriores escritos, el escenario más previsible. Pero para mí como abogado y político exigir y defender los derechos ha sido y es la razón de mi lucha. En esa tarea continuaré, mientras Dios me lo permita, para ofrecer mi modesto aporte al restablecimiento del Estado de Derecho.