«Acepto el llamado de la honorable Corte Suprema de Justicia. Respeto y respetaré la autonomía e independencia de la Fiscalía General de la Nación y todas las ramas del poder público», dijo el mandatario colombiano Gustavo Petro. «Pero como presidente de la República no guardaré silencio frente a estas gravísimas denuncias”, agregó.
Esta fue la respuesta, de este sábado, del presidente al llamado de atención realizado por la Corte Suprema de Justicia. Esto tras una larga serie de pronunciamientos entre el mandatario y el fiscal Francisco Barbosa, que fueron subiendo de tono con el paso de las horas, el viernes.
Desde Portugal, de donde regresará al país esta noche, Petro emitió un comunicado de cinco párrafos en el que señala que “la preservación del orden público y el desarrollo de la política criminal requieren de la colaboración armónica de los diferentes poderes del Estado, fundamentalmente del presidente de la República y de la Fiscalía General.
De hecho, ayer se conoció que el gobierno pedirá una reunión con las cortes para ratificar el mensaje del respeto de la independencia a las ramas del poder. Y que incluso existe la voluntad de reunirse con el fiscal Barbosa.
La declaración presidencial, que en todo caso incluyó también nuevas críticas a Barbosa, responde a las fuertes reacciones generadas por las palabras de Petro sobre su supuesta condición de superior jerárquico del Fiscal General. Las cuales están basadas en una polémica —y errónea— interpretación del artículo 115 de la Constitución sobre la condición del jefe de Estado en Colombia.
El viernes, el presidente de la Corte Suprema, magistrado Fernando Castillo Cadena, alertó porque la “errada interpretación del artículo 115 de la Constitución” hecha por el presidente Petro “desconoce la autonomía e independencia judicial, cláusula fundacional de la democracia colombiana y pilar esencial del Estado social de derecho”.
Petro había señalado en medios de comunicación que ese artículo establecía que él como jefe del Estado también era jefe del Fiscal General. A lo que la Corte señaló: “El Fiscal General de la Nación, quien ostenta calidades de magistrado de alta corte, no tiene superior jerárquico (…). Es un funcionario cuya misión está claramente regulada por el orden jurídico y enmarcada en la autonomía e independencia de la Rama Judicial”.
La Corte fue más allá y añadió: “Desconocer o malinterpretar las bases de nuestro Estado de derecho crea incertidumbre, fragmentación e inestabilidad institucional. La Corte Suprema hace un llamado a la sensatez, respeto y cordura que deben prevalecer en el ámbito del principio de colaboración armónica que rige a los poderes públicos”.
A esa clara posición de la Corte, Petro respondió ayer que “en términos generales, el Fiscal no está subordinado a funcionario alguno”. Aunque agregó que la Constitución establece que ante la petición de la presidencia, el jefe del ente acusador está obligado a suministrar información sobre casos que sean relevantes en materia de orden público.
“En situaciones como esta, en donde el Fiscal entrega vagas explicaciones a los serios y gravísimos interrogantes que plantea un periodista, y que de ser ciertos pondrían en riesgo el orden público y la institucionalidad de la Justicia, no solo le está faltando el respeto al presidente, sino que está violando la Constitución”, dijo Petro.
Petro hace referencia a un artículo periodístico que fue el detonante de este nuevo rifirrafe con la Fiscalía General.
Según lo publicado el 26 de abril por el portal La Nueva Prensa, por instrucción del fiscal Barbosa se trasladó al despacho del fiscal Daniel Hernández en Bogotá un proceso en el que había información sobre más de 200 homicidios supuestamente cometidos por integrantes del ‘clan del Golfo’ —grupo que se hace llamar ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’ y que ha estado en conversaciones con el gobierno en el marco de la ‘paz total’—. El artículo señala que no se realizaron las investigaciones pertinentes y que el caso estaba engavetado.
“Me parece supremamente grave esta denuncia. Le pediré al ministro de Justicia que cite al Consejo Nacional de Política Criminal para discutir este tema”, trinó Petro el mismo día de la publicación del artículo.
Francisco Barbosa, fiscal general de la Nación, y Gustavo Petro, presidente de Colombia. Foto: El Tiempo
Y días después insistió en redes: “El Estado no puede cruzarse de brazos ante las denuncias tan graves que viene haciendo el periodista Guillén sobre centenares de homicidios y desaparición de ciudadanos por el ‘clan del Golfo’. De ello informó con antelación un funcionario del CTI a altos miembros de la Fiscalía y estos se negaron a actuar, permitiendo las muertes”.
Según Petro, la Fiscalía General podría tener responsabilidad por omisión en estos hechos. Pero aunque la publicación del portal hace referencia a hechos recientes, la noticia criminal a la que se refiere, dice la Fiscalía, en realidad contiene hechos que ocurrieron entre 2008 y 2010, más de una década antes de la llegada del actual Fiscal.
Fiscalía General sobre denuncias reproducidas por Petro
En varios pronunciamientos, Barbosa respondió que el presidente no era su jefe y denunció que con sus trinos Petro estaba poniendo en riesgo a sus funcionarios. Luego, a medida que subía la tensión, anunció que acudirá a instancias internacionales y manifestó que su vida corría riesgo. Y terminó diciendo que los colombianos habían elegido a Petro como presidente, “no como dictador”.
El viernes en la noche, la Fiscalía General emitió un comunicado sobre las denuncias periodísticas reproducidas por Petro. Señaló que la investigación de los supuestos crímenes ocurridos entre 2008 y 2010 se reasignó el 9 de noviembre de 2020 a Daniel Hernández. Este “ordenó la reescucha de las líneas telefónicas interceptadas para determinar hechos concretos o presuntos infractores a la ley”. La Fiscalía indicó que el caso está en indagación y que en los próximos días habrá noticias del proceso.
“El caso cuenta con seguimiento, impulso y mesas de trabajo a instancias de las dependencias misionales respectivas, a efectos de que se adopte la decisión que en derecho corresponda, de conformidad con la ley y los medios de prueba recaudados”, dijo la Fiscalía. Desde su posesión en agosto, el presidente Petro y el Fiscal se han reunido en seis ocasiones, en medio de una accidentada relación institucional.
Barbosa ha expresado públicamente sus diferencias con los proyectos de sometimiento de las bandas criminales y de humanización carcelaria, alertando sobre gabelas a narcotraficantes y personas vinculadas a graves delitos.
Además, ha sido un crítico con asuntos como la reducción de los resultados en la lucha contra el narcotráfico. La posibilidad de levantar la orden de captura del temido ‘Jhon Mechas’ y las dificultades, por cuenta de la ‘paz total’. Esto para que la Fuerza Pública haga efectivas cientos de órdenes de captura de vinculados a crímenes contra defensores de derechos humanos y excombatientes. Petro y Barbosa también han chocado por las investigaciones por presuntas irregularidades en el manejo de bienes decomisados y que pasaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
Aunque las críticas no han caído bien en Palacio, con el tiempo se han ido acordando cambios a los proyectos que hacen curso en el Congreso para tener en cuenta la posición del jefe del ente acusador. En buena medida, porque la posición del Fiscal coincide con la visión que tienen altos funcionarios de los Estados Unidos.
Las diferencias llegan a su punto más alto en momentos en que se empezarán a debatir en el Congreso proyectos claves para el gobierno. Tales como el de sometimiento a la justicia, y a pocos meses de que el jefe del Estado tenga que enviar a la Corte la terna de la que será elegido el reemplazo de Barbosa, quien termina periodo en febrero.
Con información de El Nacional