El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, rompió el diálogo el martes con el Gobiernosaliente de Alejandro Giammattei y anunció que suspende el proceso administrativo de transición de poder.
La información fue difundida a través de Contacto Sur, un informativo internacional que transmite Radio Fe y Alegría Noticias en Venezuela.
La decisión del mandatario electo ocurre luego que la Fiscalía ordenara allanar dos sedes del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la revisión de cajas de votos. Este sería el segundo ataque de la justicia de Guatemala contra Bernardo Arévalo. El primer ataque fue la ilegalización del partido que sustentó la candidatura del presidente electo.
“En asociación perversa han emprendido una nueva escalada en el golpe de Estado en proceso que iniciaron al finalizar la primera vuelta electoral, otorgando un disfraz judicial a una acción política y espuria del partido UNE” dijo Arévalo en conferencia de prensa. La UNE es el partido perdedor de la segunda vuelta electoral de la candidata Sandra Torres.
Horas antes del anuncio, la Fiscalía no solo arremetió contra el órgano electoral, sino que había iniciado un arremetida sistemática contra el TSE. Durante los procedimientos, las autoridades pusieron en duda la victoria del Arévalo.
Las acciones de la Fiscalía han sido consideradas por Arévalo como una acción de «injerencia sin precedentes». Ante estos hechos, pidió la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras.
También pidió la dmisión del Fiscal, Rafael Curruchiche y el juez Rredy Orellana, autor principal de todos los procedmientos contra el Tibunal Supremo Electoral, y juez que ordenó los procedimientos respectivamente.
En cuanto a la fiscal Porras, Arévalo reiteró que van a presentar solicitudes de retirada de inmunidad contra ella y contra el juez Orellana por los delitos de abuso de autoridad con propósito electoral, prevaricato y violación a la constitución. Presentará también denuncia contra el fiscal Curruchiche que no goza del beneficio de inmunidad. “Los golpistas deben renunciar”, sentenció el presidente electo.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmó en la mañana del martes 12 de septiembre que los fiscales abrieron las cajas que contienen los votos. El acto habría sido una clara violación de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, de rango constitucional.
El órgano electoral argumentó que sólo las autoridades del Poder Electoral y las Juntas Receptoras pueden manipular las cajas.
“Esto es algo sin precedentes, la ley no establece procedimiento para esto. El escrutinio es exclusivo de las Juntas Receptoras de votos el día que se realizan las elecciones”, dijo la directora electoral del Tribunal, Gloria López, a la prensa nacional.
La directora electoral del TSE explicó también que lo que contiene cada caja no está digitalizado. “En este momento, al ser secuestradas, si es que se da el caso que se las lleve el Ministerio Público… el TSE (Tribunal Supremo Electoral) pierde la custodia de las cajas electorales y prácticamente ya no tendríamos responsabilidad de las mismas”, dijo la funcionaria.