Las protestas en contra de una concesión minera para explotar cobre siguen en Panamá. La policía informó que 445 personas fueron detenidas por actos de “vandalismo y daños a la propiedad”.
Ya son cinco días de manifestaciones en las calles de Panamá. La ciudadanía exige que se derogue la concesión otorgada a la empresa First Quantun de Canadá para explotar cobre.
Muchas de las detenciones están “vinculadas a grupos criminales o a personas que tienen antecedentes con grupos criminales, así como al vandalismo y hurtos en locales comerciales”, dijo a los periodistas el comisionado de la Policía Nacional, Elmer Caballero.
27 agentes de la Policía han resultado heridos en las manifestaciones, 9 por objeto contundente, 10 por agresión física y 8 por arma de fuego, pero están «fuera de peligro», publicó el medio digital Expreso de Panamá.
Este viernes, El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, firmó un decreto que prohíbe el otorgamiento de nuevas concesiones mineras.
Cortizo anunció en un mensaje a la nación que a partir de este viernes se rechazarán todas las solicitudes de concesión nuevas y las que estén en trámite. Esto deja fuera el contrato de Minera Panamá, que pertenece a First Quantum Minerals que ya fue autorizado.
El acuerdo, sin embargo, está bajo revisión de la Corte Suprema de Justicia del país, luego de que un abogado interpuso una demanda de inconstitucionalidad por considerar que el proceso legislativo fue ilegal.
La Corte Suprema admitió -también este viernes- una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 406, de octubre de este año, con la cual se renovó un contrato, con nuevos términos y condiciones, para la minería de cobre entre el Estado panameño y la empresa Minera Panamá, informó este jueves el máximo tribunal del país.
La demanda de inconstitucionalidad fue interpuesta el lunes ante la Corte Suprema de Justicia por el abogado Juan Ramón Sevillano Callejas.
Va contra el artículo 1 de la ley, numeral que se refiere a la aprobación o desaprobación en la Asamblea Nacional de Panamá, en los contratos que el Estado sea parte o tenga interés, pero cuya celebración no esté reglamentada previamente, publicó la cadena CNN.
Aunque sea derogada la llamada Ley 406, los ciudadanos aseguran que seguirán protestando contra la corrupción en el país. Las manifestaciones también ocurren por la ausencia de políticas sociales que apunten a superar los niveles de pobreza que sufren los sectores populares y campesinos.
Los grupos ecologistas también aseguran que las protestas se mantendrán para defender los ecosistemas contra el extractivismo que practica el Estado como modelo económico del país.
Con información de Radio Fe y Alegría Noticias