La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos lamentó este jueves la decisión por parte del gobierno del presidente Nicolás Maduro de suspender las actividades de su sucursal en Caracas, y subrayó que está examinando cómo actuar en consecuencia.
«Lamentamos este anuncio y estamos evaluando los siguientes pasos a seguir», indicó en un breve comunicado la portavoz de la oficina Ravina Shamdasani.
«Continuamos conversando con las autoridades y otros actores. Nuestros principios rectores han sido y seguirán siendo la promoción y la protección de los derechos humanos de los venezolanos y las venezolanas», agregó la portavoz de la oficina dirigida por el alto comisionado Volker Türk.
Su antecesora en el cargo, la chilena Michelle Bachelet, había firmado un acuerdo en 2019 con el Gobierno de Venezuela pare mejorar la cooperación en materia de derechos humanos, lo que permitía la presencia continua en el país de oficiales de derechos humanos de la ONU.
El gobierno venezolano argumentó este jueves que la oficina de Naciones Unidas en la capital nacional ha «instrumentalizado» su trabajo en contra del Ejecutivo, lo que ha justificado su suspensión.
También señaló que hará una «revisión integral de los términos de cooperación» acordados en 2019 con el órgano de Naciones Unidas, y ordenó la expulsión de 13 funcionarios que operan en Caracas.
«Que el personal adscrito a esta oficina abandone el país en la siguientes 72 horas hasta tanto rectifiquen públicamente ante la comunidad internacional su actitud colonialista, abusiva y violadora de la carta de las Naciones Unidas», indicó el canciller venezolano Yván Gil.
La expulsión de los trabajadores de la ONU se produce luego de que la oficina del alto comisionado Volker Türk expresara su preocupación por la detención de la presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel.