La ONG Human Rigths Watch (HRW) denunció que las propuestas sobre migración que se prevé abordar en la sesión especial de la legislatura de Texas convocada por el gobernador del estado, Greg Abbott, para el 10 de octubre de 2023, «aumentarían las violaciones de los derechos humanos y darían lugar a largas condenas para miles de jóvenes tejanos».
La organización se ha mostrado «especialmente» preocupada por las propuestas de penar con hasta 20 años un delito estatal creado sobre la entrada ilegal de migrantes en Texas, autorizar a los cuerpos de seguridad del estado para deportar a solicitantes de asilo por entrada ilegal e incrementar las penas mínimas obligatorias por contrabando de personas.
«El delito de entrada ilegal ya existe en la legislación federal», señaló el asesor de Human Rights Watch en Texas, Bob Libal, en un comunicado; en el que también indicó que, «además de ser una duplicación, esta insensible propuesta es totalmente contraria a las normas de Derechos Humanos que prohíben a los gobiernos deportar a los refugiados a la persecución o castigar a los refugiados por entrada ilegal».
En este sentido, el representante de la ONG ha argumentado que «la policía estatal no está cualificada para atender solicitudes de asilo o deportar a personas. Su trabajo es proteger la seguridad pública».
Estas propuestas se basan en la Operación Estrella Solitaria, una operación que desde HRW han calificado como «discriminatoria y abusiva y cuyo objetivo no es otro que la detención, procesamiento y encarcelamiento de «los inmigrantes percibidos y otras personas» por «delitos estatales menores y graves».
HRW denunció propuestas extremas contra los inmigrantes en Texas
Mientras el gobernador de Texas ha defendido en repetidas ocasiones la necesidad de estas nuevas propuestas y la Operación Lone Star para «reducir la migración ilegal», Human Rights Watch «no tiene constancia de que la Operación Estrella Solitaria haya frenado la migración».
De hecho, la organización ha aseverado que «ha fortalecido a los actores ilícitos que se benefician de los temores exacerbados de los migrantes; y ha bloqueado o impedido las oportunidades para que las personas soliciten asilo en Estados Unidos, que es su derecho según la legislación estadounidense».
En consecuencia, se explica en el mismo comunicado, la Operación Estrella Solitaria ha beneficiado a los cárteles criminales en tanto que «sus beneficios aumentan cuando los migrantes deben intentar entrar en Estados Unidos atravesando terrenos remotos y mortíferos».
Sentencias mínimas obligatorias
Entre abril de 2022 y marzo de 2023, un total de 5.164 personas fueron acusadas de contrabando y contrabando continuo. Esto según un análisis del Sistema de Informes de Seguridad Pública de Texas realizado por el Instituto Vera de Justicia.
En la actualidad, ninguno de estos dos delitos conlleva una sentencia mínima obligatoria; aunque un análisis de la ACLU de Texas ha revelado que la duración promedio del encarcelamiento por los mismos es de aproximadamente un año.
Una de las propuestas pretende la creación de una sentencia mínima obligatoria de 10 años por contrabando de personas y operación de un «escondite».
Por su Parte, HRW ha analizado datos de dominio público sobre personas detenidas por cargos de contrabando e ingresadas en los centros de procesamiento de la Operación Lone Star en los condados de Val Verde y Jim Hogg entre junio de 2021 y julio de 2023. Ha concluido que casi 80% de las personas fichadas por contrabando eran ciudadanos estadounidenses con una media de edad de 26 años; cerca del 13% de los acusados de contrabando tenían entre 18 y 19 años; y al menos 12 niños de entre 14 y 17 años quedaron detenidos o acusados de contrabando en el mismo período.
Jóvenes reclutados
Así, «la propuesta de mínimos obligatorios podría encarcelar a miles de jóvenes tejanos (…) por delitos no violentos. Muchos de ellos simplemente por conducir migrantes, que les harían cumplir al menos 10 años de prisión», ha explicado una abogada de Texas Rio Grande Legal Aid, Kristin Etter. «Es verdaderamente escandaloso. Los cargos de asesinato y violación ni siquiera conllevan este tipo de sentencias mínimas obligatorias», ha apostillado.
Etter ha confirmado que «en su inmensa mayoría, se trata de jóvenes en edad universitaria o de cursar estudios secundarios»; y que se trata en su inmensa mayoría de jóvenes tejanos reclutados a través de redes sociales. Esto para llevar a la gente de las comunidades fronterizas a otras localidades de Texas.
A este respecto, la abogada defensora ha aclarado que, dada su amplitud, este estatuto permite que se pueda acusar a una persona por el mero hecho de llevar a un pasajero en su vehículo, siempre y cuando la policía crea que tenían la intención de ocultar a esa persona.
«En realidad, la mayoría de nuestros clientes no ocultan o esconden personas, sino que son detenidos por conducir a personas indocumentadas en sus vehículos en la zona fronteriza. Someter a personas acusadas de un delito no violento de conducción a una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión es tan desproporcionado y carente de cualquier sentido de justicia o equidad», ha argumentado Kristin Etter.
Una influencia «injusta» de los fiscales
Con este mínimo obligatorio, los jueces se verían en la obligación de dictar sentencias mínimas de prisión en base únicamente a la acusación de un fiscal. De tal forma que el poder de dictar sentencia pasaría a estar en manos de los fiscales y no de los jueces. Lo que les otorgaría «una influencia injusta y abrumadora en las negociaciones de los cargos y la condena; socavando los Derechos Humanos y constitucionales a un juicio justo».
Según Human Rights Watch, la Operación Lone Star ha costado a los tejanos unos 4.400 millones de dólares (unos 4.150 millones de euros). A los que se sumarán otros 5.100 millones de dólares (unos 4.811 millones de euros) asignados por la legislatura para los dos próximos años del programa.
HRW ha denunciado ya que el programa de la Operación Lone Star «ha provocado lesiones y muertes, ha incrementado la elaboración de perfiles raciales de los residentes fronterizos. También ha violado sistemáticamente los derechos de los migrantes y de los ciudadanos estadounidenses, y ha suprimido las libertades de asociación y expresión». No obstante, el gobernador Abbott ha asegurado que la mencionada operación ha desarticulado redes de contrabando de drogas. Esto pese a que una investigación realizada por ProPublica, The Texas Tribune y The Marshall Project ha puesto en duda esa afirmación.
Generalización de perfiles raciales y étnicos
Por otra parte, los abogados defensores informaron de que la Operación Lone Star ha dado lugar también a la generalización de perfiles raciales y étnicos en las comunidades fronterizas.
«Sabemos que los mínimos obligatorios son empíricamente problemáticos porque privan a los jueces de discreción (en la fase de sentencia)». Así lo relató la defensora jefe de la Operación Lone Star, Defensores Públicos del Condado de Lubbock, Amrutha Jindal.
«La gente se enfrentará a 10 años de prisión por un error puntual, porque fueron atraídos por las redes sociales. Ha habido un montón de estudios sobre el perfil racial que ya está teniendo lugar bajo la Operación Lone Star; y me temo que va a aumentar el número de paradas injustificadas», vaticinó.
«Una gran mayoría de las detenciones por contrabando fueron el resultado de identificaciones ilegales e inconstitucionales», ha añadido en relación al mismo tema Etter. «Algunas de las razones aducidas para las paradas han sido tener matrículas de Austin o porque se estaban comiendo un bocadillo en el coche. Ha habido registros de coches porque supuestamente ‘olían a inmigrantes’», ha sentenciado.