Ecuador busca dar un giro de timón que lo saque de la larga noche en la que se encuentra. Zarandeado por la violencia incontrolada, la debilidad de las instituciones, el desempleo, el fantasma de la migración y una deuda fiscal de 5.000 millones de dólares al cierre de este año, este país de 17 millones de habitantes acudirá este domingo a las urnas con la ilusión de encontrar un nuevo proyecto de nación que lo rescate de este panorama desolador. Daniel Noboa, de 35 años, heredero de un imperio del banano, lidera las últimas encuestas —aunque por escaso margen— ante Luisa González, de 45, la candidata del partido del expresidente Rafael Correa. El resultado final resulta incierto.
Noboa, graduado en Harvard, tercera generación propietaria de una multinacional familiar, se ha presentado como el presidente del empleo, dispuesto a reducir los impuestos y fomentar la inversión extranjera. En primera vuelta, en agosto, resultó ganadora González por nueve puntos (33% frente al 24), pero desde que comenzó la campaña de la segunda Noboa empezó a sacar varias cabezas de ventaja.
El joven político se dio a conocer en un debate entre candidatos en el que se mostró firme y sereno, al margen de los ataques entre los otros oradores. Además, fue visto como una opción segura en un sistema que parece podrido, sobre todo después del asesinato en campaña de otro de los contendientes, Fernando Villavicencio, un periodista que había denunciado la infiltración del narcotráfico en las instituciones ecuatorianas.
Los candidatos han reducido al mínimo sus eventos en público. Cuando han aparecido, llevaban chalecos antibalas y estaban rodeados de un gran dispositivo de seguridad. Ninguno de los dos ha sido muy específico a la hora de ofrecer sus recetas para detener la violencia. Noboa habla de utilizar drones y satélites para rastrear a los criminales y encerrar a los presos más peligrosos en barcazas en medio del mar.
González propone militarizar las prisiones, las aduanas y los puertos, todas ellas cooptadas ahora mismo por el narcotráfico, y hacer una profunda depuración de las fuerzas de seguridad. Los analistas consideran que estas propuestas son insuficientes ante un problema tan agudo.
Nada ha ilustrado mejor la corrupción y el cinismo de las autoridades ecuatorianas que los resultados de la investigación del asesinato de Villavicencio. La policía detuvo en un principio a siete implicados en el crimen, un ecuatoriano y seis colombianos que actuaron como sicarios. Los siete fueron movidos de una prisión a otra, en teoría por motivos de seguridad, pero hace una semana aparecieron ahorcados. Aunque resultaban fundamentales para esclarecer la verdad y se sabía que sobre ellos pesaba una condena a muerte, el Gobierno no fue capaz de proteger sus vidas. El sistema parece haber confabulado para acallar sus voces.
Si Noboa sería el presidente más joven de la historia de Ecuador, González se convertiría en la primera presidenta electa. De perfil bajo, poco carismática, se ha mantenido siempre fiel a Correa. Ocupó varios cargos públicos durante su presidencia y ahora, que era asambleísta, ha sido elegida por él para tratar de regresar al poder.
Ella apela con nostalgia a una época —entre 2007 y 20017— en la que ratio de homicidios era cinco veces más bajo que el actual y el auge del petróleo y otras materias primas mejoró notablemente el país.
Los más suspicaces creen que nombrar a González no es más que una estrategia para allanar el regreso a Ecuador de Correa, que vive exiliado en Bélgica por una condena de ocho años de prisión por cohecho en el caso Odebrecht él asegura que se trata de una persecución política.
A nadie se le escapa que a Correa no le desagradaba la banda presidencial y que algún día le gustaría volver al cargo. Por si acaso, ella ya ha dicho no lo indultará, aunque lo convertirá en su principal asesor.
No hay que olvidar que la economía de Ecuador atraviesa momentos críticos. El próximo gobernante tendrá que enfrentar un déficit fiscal del 4% del PIB. Las opciones del próximo presidente son reducidas, porque el actual Gobierno cerró un tratado con el Fondo Monetario Internacional por 6.500 millones de dólares de 2020 a 2022. Desde entonces no ha habido nuevos acercamientos con el FMI y para un gobierno que durará apenas 16 meses lo que quedaba del gobierno de Lasso antes de que decretara el cierre de la Asamblea y la convocatoria de elecciones será difícil obtener nuevos créditos. Quien llegue lo hará con las manos atadas.
Así, Ecuador acude a las urnas con una sensación de urgencia. En uno de sus últimos mítines, González dijo con dramatismo: “En esta elección nos jugamos la vida”. Noboa: “Vamos a cambiar juntos el país”. Aunque propongan modelos en las antípodas, coinciden en que seguir esta senda destructora le colgaría a Ecuador la etiqueta de Estado fallido.
Con información de El País de España