Las acciones contra la corrupción tomadas por el Ejecutivo nacional tocaron a las instituciones policiales y de seguridad. Una comunicación que circula por redes sociales, suscrita por el Viceministerio del Sistema Integrado de Policía, lo confirma.
El documento está dirigido a todas las policías (nacional, estadales y municipales) e informa que, por instrucciones del M/G Iván Hernández Dala, primera autoridad de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim), quedan derogadas todas las credenciales del personal orgánico y ad honoren de ese organismo.
Expertos en el área aseguran que la orden, emitida desde el 29 de marzo, respondería a una “pugna de poderes” dentro de la propia cúpula de Nicolás Maduro. O bien a una “limpieza” interna de la Dgcim, cuerpo que ha servido como brazo del mandatario, dada su estrecha relación con Hernández Dala.
“Lejos de cesar, ha aumentado la pugna interna en la élite madurista”, opinó la periodista Ibéyise Pacheco.
Asomó que los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez “avanzan en su plan de debilitar al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, y al director de la Dgcim con pruebas de presunta complicidad con Tareck El Aissami”.
“Creo que este es el momento de mayor vulnerabilidad de los 10 años de gobierno de Nicolás Maduro”, agregó.
Pero el dignatario nacional sigue depositando su confianza en Hernández Dala quien, además de dirigir la Dgcim, es Comandante de la Guardia de Honor Presidencial.
Es de destacar que, desde 2019, está sancionado por el gobierno de Estados Unidos por su participación en casos de supuestas violaciones a los derechos humanos durante el control de las “guarimbas” en las protestas antigubernamentales.
A juicio de la presidenta del Instituto Casla, Tamara Sujú, “nada pasa en la Dgcim sin que Nicolás Maduro lo sepa”.
“Él es el jefe. El Dgcim obedece a la Presidencia. Por tanto, todos estos carnets (credenciales) eran de su conocimiento”, precisó la abogada en Twitter tras conocer la orden.
Denunció que estos títulos se convirtieron a lo largo de los años en una herramienta “de abusos de poder, privilegios, corrupción e impunidad”.
“Varios de los detenidos los últimos días eran ‘acreditados’. Imagino que se lo quitarán también a los cercanos a la familia Maduro-Flores y los Rodríguez”, manifestó Sujú.
Por su parte, la abogada y activista por los derechos humano, Rocío San Miguel, consideró que con este oficio “se inicia una cacería” contra todo aquel que presente credencial de la Dgcim.
“Pareciera soplan tiempos de tempestad en los órganos de seguridad del Estado y FANB, a partir de las tramas de corrupción”, dijo.
También explicó alguna de las razones por las que se habría tomado esta decisión.
“Este tipo de procedimientos suelen darse cada cierto tiempo. Uno, sería una manera de poner orden en casa. Dos, en momentos de crisis. Tres, cuando salen del grupo de poder, personas que tenían privilegios”, argumentó.
Con información de