En medio de la controversia territorial sobre el Esequibo, Venezuela comparece este martes 15 de noviembre a la audiencia convocada por la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Se trata del segundo día de audiencia fijado luego de que Guyana solicitó, el 30 de octubre, medidas provisionales en respuesta al referendo consultivo convocado por el gobierno de Nicolás Maduro para el 3 de diciembre.
En sus alegatos, Guyana aseguró que el referendo representa una «amenaza» y un mecanismo ejercido por el gobierno de Venezuela en la búsqueda del respaldo popular para desechar la jurisdicción de la CIJ en la disputa, además de anexar a la fuerza el territorio en discusión. En este punto, el excanciller guyanés Carl Greenidge advirtió durante su intervención que se trataría de una violación al derecho internacional.
Por su parte, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien se encuentra en La Haya, sostuvo que “quedó muy bien demostrado en la Corte Penal Internacional que estamos en presencia de una instrumentalización política contra nuestro país”.
Asimismo, Rodríguez ripostó: «Nada nuevo de lo que conocemos. Vienen a la CIJ a pedir que no se haga el referendo. Debe quedar claro que cada venezolano va a ir a votar y defender su derecho histórico (…) con paciencia escuchamos mentiras y manipulaciones por parte de Guyana».
Sobre los escenarios de estas audiencias convocadas por la CIJ, el internacionalista Mariano de Alba expresa que los representantes de Venezuela ratifican el derecho que tienen a hacer el referendo.
«La clave está en lo que declaren los representantes de Venezuela sobre la intencionalidad del referendo, y en negar los señalamientos de Guyana de que el referendo busca dar legitimidad a la decisión ya tomada por parte del gobierno de abandonar el procedimiento ante la Corte y supuestamente anexionarse al menos parte del territorio en disputa», puntualiza de Alba.
El internacionalista subraya que Venezuela tiene que tratar de demostrarle a la Corte Internacional que el referendo, por sí sólo, no le ocasiona un perjuicio irreparable a Guyana. «La clave está en que, para hacerlo, podría tener que dar explicaciones o respuestas que, al menos teóricamente, comprometan su margen de acción luego de la realización del referendo», enfatiza.
La vicepresidenta Delcy Rodríguez aseguró el 14 de noviembre que “Nada ni nadie va a detener este referendo, el presidente de Guyana podrá patalear pero no detendrá la consulta. La ExxonMobil tampoco podrá, aunque compre funcionarios”.
¿Qué pasaría si la Corte Internacional de Justicia dictamina que debe cambiarse el referendo consultivo en los términos actuales y Venezuela omite este pronunciamiento?
Mariano de Alba explica que si Guyana considera que Venezuela está ignorando una eventual orden de la Corte, «podría tratar de referir la situación al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que a su vez podría recomendar o decidir medidas que la comunidad internacional puede tomar para que se cumpla con el pronunciamiento de la Corte».
«Ahora, visto que estamos hablando de la celebración de un referendo consultivo, muy probablemente ni Guyana ni la comunidad internacional podrán evitar su celebración y el gobierno de Venezuela asumirá el costo reputacional, ante la comunidad internacional, de desconocer una orden del principal órgano judicial de Naciones Unidas», resalta.
Nicolás Maduro ratificó este martes 14 de noviembre que nada detendrá el referendo para el que su gobierno ha dispuesto todos los poderes públicos y cuyo costo no se ha informado.
«Ellos pretenden que la Corte Internacional de Justicia derogue la constitución de un Estado (…) le quite el derecho a participar, a decidir. Y Venezuela ha tomado su decisión de votar el 3 de diciembre de manera pacífica en el referendo convocado por la Asamblea Nacional», puntualizó el gobernante.
Un escenario clave para Venezuela
El internacionalista Lauren Caballero subraya que la solicitud de Guyana fue Venezuela desista de llevar a cabo el referendo en los términos actuales.
«Es decir, que se modifique el contenido de lo que se consulta. En todo caso, en el supuesto negado de que la Corte emita una ordenanza de esa naturaleza, evidentemente el gobierno venezolano no la acataría», enfatiza. Añade que los planteamientos de Guyana ante la Corte Internacional se apegaron al escrito presentado el 30 de octubre: El país percibe en el referendo una amenaza amparada por la decisión popular. Asevera que Guyana presentó argumentos procesales bien elaborados, aunque, resalta, haya habido manipulación de los datos.
Añade que para Venezuela el referendo es defendido como un mecanismo constitucional consagrado en la Carta Magna de 1999 y es manejado como un asunto interno. Mientras que para Guyana, la consulta incluye elementos que podrían vulnerar su identidad territorial.
«La Corte podría tomar de la lista de solicitudes que hace Guyana, las solicitudes 4 y 5 referidas a emitir algún dictamen que prohíban al gobierno de Maduro a acometer acciones en ese territorio por la vía de los hechos en tanto y en cuanto hay un caso abierto en la propia CIJ, medidas para salvaguardar los derechos de las partes en el litigio», asevera.
Caballero considera que Guyana quiso dejar en evidencia que Venezuela no tiene interés en la comparecencia ante la CIJ.
Añade que el hecho de que la vicepresidenta Delcy Rodríguez esté allí representa un reconocimiento de la jurisdicción de la Corte, pero también representa una oportunidad para que el gobierno reafirme su posición con respecto al discurso de que Guyana pretende instrumentalizar la Corte y que ésta es un instrumento de las transnacionales.
Destaca que, hasta ahora, lo que se ha visto son declaraciones eminentemente políticas.
«Lo que preocupa es que Venezuela pudiendo rebatir 90% de los argumentos de Guyana no estamos haciendo más que un show político, una escenificación política que tendrá un peso negativo a la hora de que la Corte tome una decisión», puntualiza Lauren Caballero.
El centro de la controversia
El politólogo Carlos Romero, experto en asuntos internacionales y quien ha investigado la controversia sobre el Esequibo, refiere que para Guyana el referendo que organiza Venezuela es considerado una lucha existencial.
Agrega que la reacción del gobierno de Venezuela ha sido de descalificar el derecho que tiene Guyana de preguntarle a la CIJ si es expedito y si es legal un referendo consultivo sobre el Esequibo.
«Hasta ahora, lo que hemos visto es descalificaciones del presidente de Guyana y de los ministros negociadores. Creo que esa vía no es la más expedita para evitar que se vaya el tema de Guyana desde el centro de la cuestión, que está referido a la validez o no del Laudo Arbitral de 1899, a la circunstancia de la posibilidad de que la Corte Internacional de Justicia suspenda el referendo», afirma.
Para Romero, esta situación demuestra lo que varios analistas han señalado en los últimos meses sobre la ausencia de condiciones para un referendo consultivo en relación con la controversia territorial con Guyana. «No es objeto de consulta», indica.Insiste en que concentrarse en el tema del referendo es perder el tiempo y que la consulta va «de todas, todas». El politólogo se refirió a la defensa de Venezuela basada en tres elementos.
«El primer elemento es reivindicar y recordar que se está discutiendo el tema del Laudo Arbitral de 1899 que es írrito. En segundo lugar, justificar por qué se hace el referendo consultivo y, en tercer lugar, aprovechar las circunstancias para descalificar el gobierno de Guyana», apunta.
Subraya que la solicitud de Guyana de debatir en torno al referendo del 3 de diciembre «enreda mucho más» y es un obstáculo: Desvía la naturaleza del problema que es considerar si el Acuerdo de Ginebra de 1966 es írrito o no.
En este punto, Carlos Romero recuerda que fue Guyana quien demandó ante la CIJ y abandonó el Acuerdo: «Esto que está ocurriendo con las audiencias sobre el referendo perjudica la posición de Venezuela».
Agrega que la Corte es quien califica cuándo va a responder a la petición de Guyana de instrumentalizar algunos elementos jurídicos sobre el referendo.
«En todo caso está solicitud no es vinculante con la contramemoria que debe presentar Venezuela en abril de 2024»
Ernestina Herrera