Un total de 72 organizaciones no gubernamentales y asociaciones gremialistas de Venezuela pidieron al Estado mediante un comunicado «garantizar la integridad de los procesos electorales futuros» y cesar «la criminalización de las voces disidentes».
«La persecución del Estado venezolano a través de la criminalización de las voces disidentes debe cesar. Es obligación del Estado dirigir sus acciones en garantizar la integridad de los procesos electorales futuros, prevenir hechos de violencia electoral», reza el escrito firmado por organizaciones de todo el país y difundido ayer 31 de agosto por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).
En el texto se instó al Estado a que se garantice y respete, «sin discriminación, el ejercicio a los derechos a la libertad de expresión, la libertad de asociación y a la participación política de la ciudadanía, de actores de la sociedad y de partidos políticos».
El grupo manifestó su preocupación por «el aumento de hechos de violencia e intimidación en la fase preelectoral» de eventos como las primarias opositoras del 22 de octubre, en las que el antichavismo elegirá al candidato que enfrente al oficialismo en las presidenciales de 2024.
«Rechazamos el aumento y perfeccionamiento del sistema represivo del Estado venezolano en el actual contexto preelectoral. El patrón de persecución se ha materializado a través del socavamiento del ejercicio de derechos fundamentales», señalaron los firmantes.
Para las ONG, hechos como la condena de 16 años de prisión impuesta recientemente a seis sindicalistas -detenidos entre el 4 y el 7 de julio de 2022 tras encabezar varias protestas por salarios dignos-, así como las amenazas y agresiones vividas por varios candidatos a los comicios internos opositores, «pretenden generar un efecto inhibitorio en procesos electorales venideros».
«Lo anterior se suma a inhabilitaciones políticas sin sentencia definitiva, a los actos de intimidación y hostigamiento a sectores de la sociedad que procuran incentivar la participación política a través de elecciones primarias, junto con la intervención judicial de asociaciones civiles como la Cruz Roja Venezolana y partidos políticos como el Partido Comunista de Venezuela», puntualizó el grupo.
Para quienes respaldaron el comunicado, los hechos enumerados «limitan un proceso electoral auténtico, ajustado a los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos y restringen aún más el espacio cívico en el país».