Hay muchas preguntas sin respuestas. Tras las intervenciones de siete cárceles del país, iniciadas el 20 de septiembre de este año, se desconoce el paradero de los pranes y de más de mil 200 reclusos que se fugaron en Tocorón.
Así quedó claro en la presentación del informe sobre la historia del pranato en Venezuela, elaborado por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), que estudió 19 años de evolución de este fenómeno.
En sus análisis se reveló la pasividad de las autoridades nacionales, y el posterior consentimiento, bajo una paz en la que las personas privadas de libertad disponían de armas.
El director del OVP, Humberto Prado, insistió en que esas intervenciones se hicieron bajo previo acuerdo. “¿Dónde está Niño Guerrero? Las intervenciones en las cárceles han dejado más dudas que respuestas”.
Advirtió que todo lo que entra a las cárceles es porque la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) así lo ha permitido. “Hay complicidad con el Ministerio de Servicio Penitenciario, siempre vemos que ponen presos al director y subdirector pero nunca se investiga a la cadena de mando”.
A esto se suma una política de Estado de opacidad de información importante como los números de fallecidos y heridos por la violencia intra-carcelaria.
“Y, si bien, se anunciaban las investigaciones por las masacres y enfrentamientos que ocurrían, no había responsables, quedando sin esclarecer las cadenas de mando que sometían a la población reclusa; reducido en absoluta impunidad e injusticia”.
En el informe se explica que la experiencia venezolana sugiere que ceder las prisiones a los líderes negativos no era la forma de administrar el servicio penitenciario que prevé la Constitución Nacional en el artículo 272.
Y por las disputas por el control interno de las cárceles, lo que ocurría era que los acuerdos culminaran y el ministerio decidiera intervenirlos, desencadenando motines y masacres, hasta el cierre de los mismos, que finalmente no volvían a habilitar, como sucedió en la masacre de Sabaneta, con el Mocho Edwin al mando, o en la PGV, bajo el dominio de Franklin Masacre.
Pero la modalidad cambió y las intervenciones, que antes demoraban hasta un mes, se realizaron en horas, bajo acuerdo previo.
“Lamentablemente, lo que se conoce del pranato en nuestro país es solo la punta de un iceberg, porque erigir estos imperios criminales no es algo que se hace en poco tiempo, y tampoco puede pasar desapercibido por las autoridades, y menos de la máxima autoridad del ministerio».
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Se lee en el informe que esta forma de organización delictiva, conformada por cientos de personas, requiere una investigación exhaustiva e imparcial a todo el personal que labora en los centros carcelarios: directores, subdirectores, jefes de traslado y personal de custodia, pero en primer lugar, a los comandantes de las compañías de GNB acantonadas en las entradas de las instituciones penitenciarias, junto a sus oficiales y personal de tropa, ya que son los encargados de la seguridad del perímetro externo de las cárceles, siendo el primer filtro para detectar el ingreso de algún objeto prohibido”.
Desde el OVP se destaca que fueron muchos años en los que la GNB protegió las prisiones convertidas en centros de operaciones criminales, y la sorpresiva erradicación del pranato en el país, sin precisar a los presuntos responsables y cómplices, no exime la posibilidad de que los funcionarios que realizaban actos de corrupción, continúen haciéndolo, “que los líderes negativos sigan desarrollando sus negocios ilícitos, aún más, bajo supuesta libertad convenida con el Estado, y que los internos trasladados a otros reclusorios, continúen las actividades ilegales de los que los sometían”.
Son muchas las recomendaciones que el OVP hace al estado. Destaca que, en cumplimiento de lo establecido en la Constitución, todas las decisiones en el ámbito penitenciario deben tener como base la premisa que a las personas privadas de libertad se les debe respetar los derechos humanos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales. Por lo que se les debe garantizar a los reos, el debido proceso, el derecho a la salud, alimentación, agua potable, deporte, cultura, entre otros.
También es imprescindible la descentralización de los todos los establecimientos, como principal paso para la reestructuración del sistema, el desarme de la población penal, para posterior control del acceso a las armas, mediante la identificación de los medios empleados para su ingreso, desmantelar las cadenas de mando y complicidades; clasificar a la población carcelaria según su sexo, edad, tipo de delito, antecedentes penales, situación jurídica y grado de peligrosidad, siendo, todavía más apremiante, en virtud del traslado de más de ocho mil internos, a consecuencia de las intervenciones y desalojos realizados recientemente.
Además, como en 2022 hubo un hacinamiento en riesgo crítico del 164.19% de los centros de reclusión del país, y que, a la fecha, según análisis realizado por el OVP, 16 centros penitenciarios han sido inhabilitados, y actualmente solo hay 22 operativos: se deben recuperar los abandonados, y construir otros, pero que estén clasificados en la modalidad de alta, media y baja seguridad.
Solicitan que en los centros carcelarios se instalen inhibidores de señal para bloquear las comunicaciones, especialmente, la de los celulares; y en su lugar, que los reclusos dispongan de teléfonos públicos. Para las visitas carcelarias se debe implementar un modelo de seguridad con el que se controle el ingreso y salida de los visitantes, incluyendo la entrada de drogas y armas, y otros objetos prohibidos.
Para las requisas personales, y en estricto cumplimiento de lo estipulado en el COPE, que se apliquen nuevas tecnologías que contribuyan a una prestación más eficaz y eficiente del servicio de seguridad, con un mínimo de invasión sobre personas y cosas; en especial, si consideramos que la desnudez forzada a mujeres visitantes, no ha sido efectiva, sino una práctica contraria a la dignidad humana e intimidad de la persona, que contribuye a hechos de violencia de género y abuso sexual.
Es necesario también capacitar al personal penitenciario en todos sus niveles, sobre todo para evitar el uso excesivo de la fuerza, que, en caso de ser necesario, responda a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.
Y, finalmente, implementar programas de reinserción social, e incentivar el trabajo en prisión, para que dejen de ser lugares de ocio, y que luego de recobrar su libertad, los privados de libertad puedan reintegrarse a su familia, a la sociedad, al trabajo y a la comunidad en general, en miras de evitar que reincidan en la comisión de delitos.