A pocas horas para el 1ero de mayo, los venezolanos en general están a la expectativa en torno al anuncio del aumento salarial que se ha vuelto costumbre de parte del mandatario nacional.Ante esta realidad los monaguenses consultados aseguran que estarán pendiente durante el día de hoy y mañana de lo que diga el jefe de Estado Venezolano o alguno de sus ministros, como ocurrió en otrora cuando el encargado de la cartera del trabajo fue el encargado de dar a conocer el ajuste.Vale la pena hacer mención que en marzo de 2022, el gobierno de Maduro anunció un aumento en el salario mínimo, estableciéndolo en 130 bolívares, lo que entonces equivalía aproximadamente a 30 dólares mensuales, según la tasa de cambio oficial. Sin embargo, debido a una significativa devaluación del bolívar, actualmente este mismo salario apenas alcanza los 3.60 dólares.Ante esta realidad, quienes habitan en la entidad oriental, poseen opiniones encontradas con relación al tema; algunos aseguran que el Estado se encuentra en la obligación de realizar un ajuste considerable (el cual repercutiría en las liquidaciones y utilidades) debido al alto costo de la vida mientras que otros consideran «seguiremos en las mismas y todo será por bonos».Todo quedó igualitoA inicios de año, se indicó que el sueldo mínimo en Venezuela se mantendrá en 130 bolívares, lo cual equivale a

Las prestaciones sociales corren el riesgo de «desaparecer» en Venezuela como «figura de protección», de mantenerse la política salarial del Gobierno, que consiste en pagar bonificaciones extras, mientras deja congelado el sueldo mínimo, la base del cálculo para las cesantías (desempleo) y otros beneficios, según académicos y trabajadores.A pesar de las cientos de protestas en los últimos meses para exigir una mejora salarial, Nicolás Maduro anunció el pago de dos bonificaciones que suman 70 dólares al mes, mientras que el sueldo mínimo quedó en 130 bolívares, monto que se mantiene desde marzo de 2022, cuando equivalía a 29,68 dólares, que se ha reducido un 82 % hasta los 5,10 dólares actuales, por la devaluación.El secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Salud (Fetrasalud) y miembro de la Red Sindical Venezolana, Pablo Zambrano, dijo a EFE que la política oficial, que considera «de precarización del salario», afecta a «todas las cláusulas» de los contratos relacionadas con beneficios laborales.«Si no hay salario, tú no puedes tener prestaciones sociales (…) igualmente, no hay pensiones ni jubilaciones dignas, no tienes (un) contrato colectivo justo. Si no hay salario, tú no puedes dignificar a tu familia», aseguró el sindicalista.Un país «sin salario» Para Zambrano, «no hay un salario» como el que establece la Constitución, según la cual «tiene que ser digno y suficiente»

El ministro del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo, Francisco Torrealba, anunció en su cuenta de la red social Twitter @torrealbaf, el incremento a los jubilados y pensionados del 70 % a los trabajadores y trabajadoras, quedando su ingreso en 49 $ con indexación permanente, más su salario. La información la dio a conocer tras la firma del decreto de ajuste del ingreso mínimo integral con indexación permanente rubricado por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, luego de los anuncios del jefe de Estado de este lunes 01 de mayo durante la concentración realizada en la plaza O`Leary.Estas acciones son parte del plan de emergencia que ayudará a estabilizar el ingreso mínimo mensual, para ir encaminados a la recuperación progresiva de la economía venezolana.Vía VTV…

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, firmó el decreto del aumento del ingreso mínimo integral para los trabajadores de la patria, anunciando el ajuste del Bono de Guerra Económica a 30 $ y reitera el monto del Cestaticket en 40 $, para un total de 70 $ mensuales, todo indexado a la fluctuación de la tasa del Banco Central de Venezuela, más el salario correspondiente a cada trabajador.

A juicio de Edgardo Berti, presidente de Fedecámaras Monagas, los sueldos y salarios que perciben los trabajadores venezolanos deben estar sustentados de acuerdo a la productividad de las empresas o industrias y no limitado por un decreto nacional que convierte el ingreso en «sal y agua».Según el representante empresarial en la entidad oriental, el tema de los sueldos debe ser discutido en la mesa tripartita instalada entre el gobierno nacional, Fedecámaras y representantes sindicales que buscan, entre otros temas, soluciones a las demandas de los trabajadores, “incluso la carga impositiva que tienen los comercios en general debe ajustarse a la realidad económica que se vive en el país y eso debe ser discutido”, recalcó.Berti, destacó además que las empresas deben gozar de autonomía salarial que les permita establecer el salario según su productividad y que garantice el bienestar social y económico del personal en nómina.“Hay empresas privadas que están pagando hasta 130 y 150 dólares por concepto salarial, eso está bien, es indicativo que a ese negocio produce”, afirmó.Migración de sueldosEl empresario aseguró que en la actualidad está ocurriendo el fenómeno de “sueldos migrados”, es decir, no existe una realidad única en cuanto al ingreso mensual de los trabajadores. Destacó que los trabajadores en el estado Lara, perciben un salario muy distinto al de Yaracuy o a Delta Amacuro y

La Encuesta del Observatorio de Universidades sobre las condiciones de vida de la población universitaria Enobu 2021 reveló que 56% de los profesores universitarios se ha visto obligado a vender o intercambiar bienes para adquirir comida durante la pandemia.“Ha habido un impacto importante en la calidad de vida de los universitarios venezolanos. Que 86% de los docentes haya tenido que reducir sus porciones de comida al día, o que solo 18% de los alumnos pueda comer proteína animal con una frecuencia diaria refleja parte de este impacto”, dijo Carlos Meléndez, profesor de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado (UCLA) y director del observatorio.30% de los docentes universitarios en Venezuela tienen ingresos familiares de 1 a 10 dólares mensuales, determinó el estudio.“Las desigualdades también se ven de acuerdo al tipo de institución, a la ubicación geográfica, al género y a la edad de los encuestados. Los del Nororiente y Guayana tienen mayores dificultades de servicios y más inseguridad alimentaria. El empobrecimiento ha aumentado; sin embargo, vemos una capacidad de agencia y de compromiso social de los universitarios que se han incorporado a desarrollar sus clases a pesar de este contexto. Hay un potencial de resilencia importante en las instituciones del sector público”, detalló Yelena Salazar, coordinadora de este organismo.Con información de Contrapunto