Los pranes de la cárcel de La Pica, en el estado Monagas, Pedro González Mata (alias Pedro Rapidito) y José Yefferson Clavijo Rosendo (alias El Jefferson), recibieron nuevas imputaciones tras la toma de este recinto penitenciario el pasado viernes 3 de noviembre.
El medio informativo La Lupa de Oriente fue el primer sitio en informar de estos hechos. Entre los delitos que le imputaron a los dos pranes se encuentran tráfico de armas y explosivos, asociación para delinquir y resistencia agravada a la autoridad.
Se supo que ante la negativa de González Mata y Clavijo Rosendo de salir del penal a las audiencias judiciales no habían recibido otras imputaciones. También tenían pendientes casos por delitos de homicidio calificado y extorsión.
Una fuente dijo a la Lupa de Oriente que en total les precalificaron los delitos a 32 reclusos de La Pica, entre ellos a González Mata y Clavijo Rosendo.
Durante la toma del penal las autoridades incautaron “171 armas, de las cuales 31 armas largas de diversos calibres y 45 armas cortas, 12 ametralladoras, 4 granadas de mano y una lacrimógena”, dijo el ministro Remigio Ceballos en un balance tras el fin del operativo en este internado judicial.
En La Pica había 1.496 reclusos y de ellos trasladaron a 1.426 a diferentes cárceles del país, aunque las autoridades no informaron a cuáles. El medio digital Maturín News aseguró que familiares de los privados de libertad les informaron que a algunos los enviaron a Cumaná y Bolívar, en la región oriental y suroriental de Venezuela.
Durante una inspección que la ministra del Servicio Penitenciario, Celsa Bautista Ontiveros, se vio en imágenes que compartieron en la red social X que en esta cárcel había una casabera, además de una laguna para la cría de peces.
Antes, el ministro Ceballos detalló que un grupo de reclusos, entre ellos el pran “Pedro Rapidito”, estaban atrincherados en un búnker, pero los funcionarios policiales y militares lograron reducirlos.
“Los privados de libertad que se encontraban en el Internado Judicial Monagas (La Pica), han sido trasladados a centros penitenciarios del país, donde son incluidos bajo las normas del régimen penitenciario”, detalló Bautista Ontiveros.
Ceballos detalló que en el lugar había una especie de centro o local donde los presos se dedicaban a hacer llamadas telefónicas para extorsionar desde el interior de la cárcel.
En la visita posterior de la ministra del Servicio Penitenciario, la funcionaria informó que “se realizó un diagnóstico en toda la infraestructura que permite evaluar posibles adecuaciones en edificación penitenciaria de acuerdo a las normas internacionales para el mejoramiento de la taza ocupacional para los privados de libertad”.
El Observatorio Venezolano de Prisiones, una ONG que se dedica a la defensa de derechos humanos de los privados de libertad, dijo que la toma de las cárceles, cuatro desde septiembre, provocarán más hacinamiento en el resto de los penales a los que llevan a los presos después del desalojo de esas cárceles.
Con información de Efecto Cocuyo