Algunas petroleras estadounidenses, que tienen sus operaciones congeladas en Venezuela por las sanciones, se sumaron a un pedido a Washington de autorización para reiniciar la perforación petrolera en el país. Así lo aseguraron ocho fuentes con conocimiento de las conversaciones a la agencia Reuters.
Venezuela podría aumentar rápidamente la capacidad de producción a más de 1 millón de barriles por día si se les permite reanudar el trabajo, dijeron analistas. El nuevo suministro también podría llenar un vacío dejado por la prohibición estadounidense a las importaciones de energía rusa por su invasión de Ucrania, que ha contribuido a que los precios del crudo superen los 100 dólares por barril.
Las firmas Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes y Weatherford International tienen prohibido desde 2019 ayudar a la estatal Petróleos de Venezuela y sus empresas conjuntas a producir petróleo, agregó Reuters. Cualquier flexibilización de una licencia restringida que las cuatro empresas comparten con Chevron Corp, por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, podría permitirles expandir sus operaciones.
Desde que Estados Unidos impuso por primera vez sanciones comerciales de petróleo a Venezuela, muchas empresas retiraron equipos y personal y cancelaron cientos de millones de dólares de sus activos. Pero más de una docena de plataformas permanecen almacenadas cerca de los yacimientos petrolíferos más grandes del país.
La agencia de noticias reseñó que la producción de crudo actualmente se mantiene en 40 % de los niveles previos a la sanción. “Si las empresas mixtas de Pdvsa buscan obtener licencias para operar, necesitarán de las empresas de servicios petroleros”, dijo Reinaldo Quintero, presidente de la Cámara del Petróleo de Venezuela, a Reuters.
Chevron solicitó autorización a la administración del presidente estadounidense Joe Biden para tomar el control operativo de sus proyectos con Pdvsa. También comenzó a preparar un equipo para devolver el crudo venezolano a Estados Unidos. Pero los funcionarios estadounidenses aún debaten si renovarán la licencia actual, que vence en junio.