Los 3.000 millones de dinero venezolano retenido en el extranjero serán liberados en las próximas semanas, según informan a EL PAÍS fuentes conocedoras de la negociación. Los activos los manejará la ONU y se destinarán a obras y saneamiento para mejorar la vida de los venezolanos.
La liberación de estos fondos se acordó en noviembre del año pasado en México, en el diálogo entre el gobierno y la oposición, pero hasta ahora no se había puesto en marcha. Naciones Unidas temía que los acreedores del Gobierno pudieran reclamar el dinero. Sin embargo, Estados Unidos aseguró su protección en mayo. “En breve circulará ese dinero”, explican las mismas fuentes.
El gobierno había establecido la liberación de los recursos como su prioridad máxima. El Gobierno vive horas bajas, la supuesta recuperación económica venezolana resultó ser un espejismo para la mayoría de la población. El flujo de dinero, que incluye construcción de escuelas, hospitales y mejoras en los maltrechos servicios públicos, permitirán al gobierno mejorar su imagen de cara a las próximas elecciones, que deben celebrarse en 2024.
Este movimiento podría desatascar el diálogo en México, donde debe encontrarse una fecha concreta para esos comicios, a los que la oposición concurrirá con un candidato único.
El principal escollo para desbloquear los activos era la abultada deuda de Venezuela, que debe miles de millones de dólares en préstamos comerciales y laudos arbitrales. Varios acreedores se han centrado en los activos fuera del país congelados por las sanciones de Estados Unidos para intentar cobrar las deudas del Gobierno y la petrolera estatal PDVSA. El Banco de Inglaterra tiene retenidas 31 toneladas de lingotes de oro y lo mismo ocurre con algunas cuentas del Banco Central de Venezuela en Estados Unidos.
El secretario general de la ONU, António Guterres, temía que el asunto se convirtiera en un embrollo jurídico, pero la protección diplomática especial con la que Estados Unidos ha blindado los activos han desactivado todas sus prevenciones. El proceso involucra a funcionarios de los Departamentos de Estado y del Tesoro. “Guterres está listo. Es el momento de contar con ese dinero”, aseguran fuentes de la negociación. Naciones Unidas, desde Nueva York, será depositaria del dinero y velará porque su destino sea el acordado.
Jorge Rodríguez, el principal negociador del Gobierno en México, dijo en su día que estos eran “recursos legítimos del Estado de Venezuela” y que recuperarlos “expresa el avance del derecho de nuestro pueblo al uso y disfrute de sus activos y recursos ilegal e injustamente bloqueados”.
La liberación de los fondos no está supeditada a un gesto de apertura del Gobierno chavista. Sin embargo, la oposición y el país facilitador, Noruega, esperan que esto sirva para continuar avanzando en un diálogo que tiene como objetivo encontrar una salida pactada a la crisis política y social venezolana.
La comunidad internacional, con Emmanuel Macron y Gustavo Petro, también han mostrado su preocupación por la lentitud con la que camina el proceso. A estas alturas se esperaba que Maduro ya hubiera puesto una fecha concreta a las elecciones presidenciales de 2024 y que permitiera participar en ellas a políticos opositores que ahora mismo se encuentran inhabilitados. La votación, además, debería contar con observadores internacional como la UE en las regionales de 2021 que verifiquen que las elecciones son limpias e igualitarias. En otras palabras, que la oposición pueda disputarle de verdad el poder a Maduro.
Para eso, la oposición trata de concurrir a las elecciones con un candidato único. Salvo alguna eventualidad de última hora, el 22 de octubre se celebrarán unas primarias de las que saldrá elegido un opositor que, como se ha acordado, contará con el apoyo del resto. La propia oposición las ha organizado, después de descartar que el Consejo Nacional Electoral (CNE) se involucrara. La favorita a ganarlas es María Corina Machado, aunque ha sido inhabilitada por el gobierno por 15 años.