Ester y Roberto no son sus nombres verdaderos. Ella pidió que usáramos unos ficticios por las amenazas de muerte que ha recibido su familia desde que viajó a San Andrés para investigar la desaparición de su pareja en octubre.Roberto pertenece al centenar de migrantes desaparecidos durante los últimos dos años en esta isla del Mar Caribe que se convirtió en una “ruta VIP”, como lo definió la Procuraduría General de Colombia, para emigrar a Estados Unidos sin atravesar el temido Tapón del Darién.La Procuraduría reveló que los migrantes pagan entre US$1.500 y US$5.000 por “paquetes turísticos” que incluyen el permiso para entrar en la isla y el traslado en lanchas clandestinas desde San Andrés hasta el puerto de Bluefields en Nicaragua, en un recorrido de 232 kilómetros. Desde allí continúan la travesía por Centroamérica y México hacia Estados Unidos.Los migrantes que tienen recursos para cubrir estos gastos buscan evitar el Darién, la selva que comparten Colombia y Panamá, donde las corrientes de los ríos, los animales y los grupos armados amenazan a quienes se atreven a cruzar este peligroso tramo.A principios de diciembre, las autoridades colombianas informaron sobre la captura de 24 personas en San Andrés que integraban una organización de tráfico de migrantes y drogas llamada La Agencia.Entre los detenidos había cinco tripulantes activos de la Armada colombiana, un

Livia Pieruzzini y Gustavo Morón, recuerdan con precisión que el último contacto que tuvieron con su hija fue a las 7.36 p.m. del 21 de octubre. Leomarly Morón, estaba por embarcarse junto a su esposo, su hija y un primo en una precaria lancha que los llevaría desde la isla colombiana de San Andrés a la cercana Nicaragua.Se la escuchaba asustada, consciente de los peligros por delante. Pero no había vuelta atrás: había vendido todo en Venezuela para costear este viaje y buscar una mejor vida en Estados Unidos.La pareja, de la ciudad llanera de Guanare, ya suma 56 días en la búsqueda de su familia. Hace un mes que decidieron trasladarse a Bogotá para tratar de “hacer algo” que les permita reencontrarse con Leomarly, Gonzalo, Nicole y Rosmer. Comienzan a las cinco de la mañana en la casa de una prima de Livia, toman unos cafés y salen a recorrer Bogotá junto al abogado jubilado Gonzalo Azocar y otros familiares de migrantes.Tocan todas las puertas: desde la Procuraduría hasta el Congreso o las embajadas. “Sabemos que nuestros familiares no están muertos”, explican al unísono en conversación. Han logrado que el tema no desaparezca de la agenda. Pero los días pasan y la necesidad de regresar a Venezuela es cada vez más apremiante.La decisión de migrarLeomarly y Gonzalo Méndez, una periodista de