Un año después de la catástrofe que devastó el puerto de Beirut, Líbano sigue en estado de coma político y económico, atrapado en las arenas movedizas de un Estado fallido. El colapso nacional es aún más grave que el del 4 de agosto de 2020, cuando el estallido de toneladas de nitrato de amonio, utilizado para fertilizantes y explosivos, causó 218 muertos, dejó heridas a unas 7.000 personas y desplazó de sus hogares a 300.000 beirutíes, con unos daños estimados en hasta 5.000 millones de euros. Lama Fakih, directora de crisis y conflictos de Human Rights Watch, resume, en un informe presentado el martes en teleconferencia desde Beirut: “Las pruebas recabadas muestran de forma manifiesta que se debió a acciones y omisiones de altos cargos libaneses que no informaron del peligro que suponía el nitrato de amonio, a sabiendas de que se hallaba almacenado en condiciones inseguras, y que no supieron proteger a los ciudadanos”.Fue una de las mayores explosiones no nucleares registradas en tiempos contemporáneos. Y se llevó por delante también el régimen clientelar de partidos étnicos y religiosos surgido hace tres décadas, tras la sangrienta guerra civil que azotó durante 15 años al país del Levante mediterráneo. Cuatro primeros ministros han pasado en el último año por el poder sin que ninguno haya logrado formar un Gobierno estable.