A principios de octubre, la ministra de Educación, Yelitze Santaella, anunció la implementación de un código QR para supervisar la asistencia de los docentes a las escuelas.Debido a la polémica generada por este anuncio, una semana después la Ministra aseguró que hubo una tergiversación sobre sus palabras.Santaella se defendió acerca de las críticas que recibió tras sus declaraciones, que fueron cuestionadas por la Federación Venezolana de Maestros. “Fui maestra de aula por más de 14 años, después fui profesora y luego formé maestros. Y si algo tenemos que valorar es el compromiso que tiene el maestro venezolano”, agregó.Vía Diario 2001

Con el inicio de clases a la vuelta de la esquina, el magisterio venezolano afronta nuevamente un panorama adverso con el salario y derechos laborales, por lo que un grupo de manifestantes proponen no reincorporarse a clases hasta tanto no se produzca un incremento salarial.La educadora afiliada a la Federación Venezolana de Maestros (FVM), Elsa Castillo, una voz constante en estas protestas, recalca que el contrato colectivo ampara a los docentes en estos casos, pues la Cláusula N° 56 del II Contrato Colectivo, firmado en 1986, establece un «amparo por casos fortuitos» que impidan a los docentes presentarse en sus trabajos.«Los docentes activos no deben incorporarse. Esto no es una huelga, tampoco un paro, esto es un caso fortuito. La justificación que todos los días deben mandar a la directora de la institución es que no puede ir a trabajar porque no tiene pasaje», dijo Marcos Sánchez, desde una concentración en la sede principal del Ministerio de Educación.Ante una multitud de unas 50 personas, una cantidad diminuta en comparación con las protestas de 2022 motivadas por la aplicación del Instructivo Onapre, Castillo recalcó que entregaron un documento con sus exigencias a la Dirección de Asuntos Gremiales del Ministerio de Educación, donde sería remitido a las instancias pertinentes para luego esperar una respuesta del Ejecutivo.El documento incluye exigencias tales como el