Para el abogado Alí Daniels, director de Acceso a la Justicia, “las organizaciones no gubernamentales (ONG) son el blanco de un ataque sistemático por parte del Gobierno, que no oculta que las considera una piedra en el zapato”.Subraya que el Gobierno invierte el principio constitucional de la presunción de inocencia al aplicar la Ley contra el Terrorismo y pedir la data de estas organizaciones, pero además se pretende poner en riesgo y estigmatizar a los beneficiarios de los programas MIRA TAMBIÉN Baltazar Porras se reunió con el director del Programa Mundial de Alimentos MIRA TAMBIÉN Baltazar Porras se reunió con el director del Programa Mundial de Alimentos El jurista alega que la Normativa para el Registro Unificado de Sujetos Obligados ante la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo es una forma de buscar hacerse con información de las ONG y con información confidencial de los beneficiarios de los programas que son atendidos en materia de derechos humanos, salud y la educación.Considera que se pretende “ilegalizarlas, el Gobierno es diestro en el empleo pernicioso de las listas, con lo cual no habría ninguna garantía para los beneficiarios de las ONG. De allí que para estas organizaciones no hay nada que las haga cambiar su negativa a entregar información a los funcionarios gubernamentales”.Daniels dice que el origen de