El Tribunal Constitucional de Perú ha ordenado este martes la liberación inmediata del ex presidente Alberto Fujimori, condenado en 2009 a 25 años por crímenes de lesa humanidad. La sentencia contraviene una disposición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que había pedido al Estado peruano acatar la orden de no sacarlo de prisión. La resolución establece la “falta de competencia” de la CIDH para “ordenar directamente la no decisión de una orden judicial”. La semana pasada el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Morales Saravia, ya había sido tajante al respecto al respecto: “La respuesta es sí [procede la liberación de Fujimori], porque lo que hemos resuelto nosotros es una aclaración”. “Las sentencias del Tribunal deben acatarse y cumplirse, igual que las resoluciones de la Corte Suprema, pero en este caso la que tiene la prevalencia es la sentencia del Tribunal Constitucional”, agregó.Fujimori recibió un indulto humanitario en diciembre de 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, el cual fue revocado en el verano de 2018. Sin embargo, en marzo de 2022, el TC declaró fundado un habeas corpus a su favor. La semana pasada, el máximo intérprete de la Constitución dejó la ejecución en manos del juez Vicente Fernández Tapia. No obstante, Fernández resolvió no hacerla efectiva. En la resolución de este martes, el Tribunal Constitucional expone
El destituido presidente peruano Pedro Castilllo fue conducido este miércoles al penal de Barbadillo, en el distrito limeño de Ate, en el que también está recluido el expresidente Alberto Fuijimori, quien cumple su condena de 25 años de cárcel, mientras es procesado por rebelión y conspiración.Después de permanecer varias horas detenido en la Prefectura de Lima, Castillo fue conducido en medio de un fuerte resguardo a un cuartel policial en el distrito del Rímac para abordar un helicóptero que lo llevó al penal de Barbadillo, como se conoce a la prisión policial ubicada en la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía (Diroes).Según pudo constatar EFE, Castillo salió esposado de la Prefectura de Lima.Mientras era conducido a este establecimiento, un equipo del Ministerio Público, encabezado por la fiscal general, Patricia Benavides, y de la Policía Nacional hacía su ingreso al Palacio de Gobierno, como parte de las diligencias preliminares contra Castillo por los presuntos delitos de rebelión y conspiración.De igual forma, la Fiscalía llegó a los locales de algunos ministerios para recabar documentación que contribuya a la investigación abierta contra el ex jefe de Estado.El Ministerio Público anunció el inicio de estas pesquisas preliminares mientras Castillo permanecía detenido en la Prefectura por presuntamente «quebrantar el orden constitucional», después de dictar la mañana del miércoles 7 de diciembre el cierre temporal