El fiscal general Tarek William Saab anunció este jueves que fue desarticulado un grupo delictivo dedicado al tráfico ilegal de aletas de tiburón, actividades que atentan contra el medio ambiente y pone en riesgo la especie en peligro de extinción.
Sobre el caso el titular del Ministerio Público indicó que se trata de un delito de carácter trasnacional. Dijo que el pasado 3 de agosto efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana adscritos a la Coordinación de Guardería Ambiental de La Guaira y funcionarios del Ministerio de Ecosocialismo, Pesca y Acuicultura verificaron una solicitud de permiso de exportación de productos hidrobiológicos a la empresa Distribuidora KRM.
En el momento de la inspección, según Saab, se percataron que se trataba de una carga de 860 kilos de aletas de tiburón de diferentes especies que se pretendía transportar de manera fraudulenta. Usaban permisología forjada.
“Atentan contra los ecosistemas y la fauna marina en el país, toda vez que para reunir 860 kgs de Aleta de Tiburón estas personas debieron sacrificar un aproximado de 900 tiburones de diferentes tallas. Este cargamento de aletas de tiburón está valorado en el mercado internacional en unos 250 mil dólares”, dijo.
El caso está vinculado con una investigación que desarrollaba la Fiscalía 89 Nacional en Defensa Ambiental que se inició luego de recibirse información oficial de la Autoridad Administrativa de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna (Cites) de Hong Kong.
“Esta información refería la llegada a Hong Kong de una exportación de caballitos de mar y aletas de tiburón proveniente de Venezuela la cual iba amparada con un Registro CITES que presentaba irregularidades. Debido a que no cumplía con los formatos internacionales necesarios para este tipo de exportación”, dijo.
El fiscal señaló que durante las investigaciones adelantada por el Ministerio Público se comprobó la participación en varias exportaciones fraudulentas de la empresa Distribuidora KRM, la cual fue usada de fachada para pretender legalizar estos hechos delictivos.
Detalló que se efectuó el allanamiento en Vargas y se logró privativa de libertad a Moisés Echarry, Luis Capitillo y José Robaina. También se dictó medida cautelar para Gabriel McConlley, por contrabando agravado, asociación para delinquir, pesca ilícita y forjamiento de documento público.
“Las investigaciones arrojaron además la participación de dos funcionarios de Insopesca, quienes se encargaban de otorgar los permisos irregulares. Por ello se solicitó orden de aprehensión contra Francisco Pichardo, inspector adscrito a la Gerencia de Sanidad de Insopesca Caracas y Carlos Romero, jefe de Insopesca del Mercado Municipal de Coche, adscrito a la Gerencia Caracas”, puntualizó.
Con información de Tal Cual