Los ataques ocurrieron el pasado 25 de septiembre, en el contexto de una movilización xenófoba que fue convocada en repudio a la comunidad migrante que vive en el norte del país.

Por: Redaccion  |   18 Oct, 2021 - 3:54 pm

Este lunes 18 de octubre fueron imputadas tres de las cuatro  personas detenidas hasta ahora en Chile por su presunta participación en la quema de los enseres de migrantes venezolanos durante una marcha xenófoba que se desarrolló en la ciudad de Iquique, capital de la región de Tarapacá.

El cuarto implicado será presentado en una audiencia fijada para el próximo 30 de noviembre. De momento, los sospechosos han sido identificados bajo las iniciales A.P., S.B., G.G. y F.N.

El fiscal adjunto de Iquique, Juan Valdez, solicitó los cargos de delito de incendio, que puede conllevar a una pena de hasta 10 años de prisión, dependiendo de la magnitud de los daños causados.

De acuerdo a las fuentes, uno de los imputados por la Fiscalía ha sido identificado como Américo Pinochet Ortiz y es quien comparecerá el próximo mes, vía videoconferencia.

A finales del mes pasado, por orden del Ministerio Público, las autoridades locales iniciaron la revisión de las imágenes de cámaras de seguridad, así como las captadas por particulares y medios de comunicación para tratar de dar con los responsables de las agresiones.

Acto de xenofobia

Los ataques ocurrieron el pasado 25 de septiembre durante una movilización xenófoba que fue convocada en repudio a la comunidad migrante que vive en el norte de Chile, en su mayoría conformada por venezolanos.

Parte de los manifestantes, que formaron una turba, robaron pertenencias de los migrantes que estaban en las inmediaciones de la avenida Aeropuerto con Las Rosas, como carpas, sacos de dormir y ropa, y les prendieron fuego.

Mientras incineraban los objetos, los convocantes sonaron cacerolas, amenazaron a la población que estaba en situación de calle y corearon consignas xenófobas.

El violento ataque provocó que la Fiscalía de Chile iniciara una investigación y dispusiera de «medidas de protección para las víctimas«, entre las que se cuentan al menos 16 personas, incluyendo niños y ancianos, que perdieron sus pocas pertenencias y tuvieron que dormir en la calle.

Tras los hechos, Venezuela emitió un comunicado en repudio a las agresiones contra sus connacionales y exigió a las autoridades chiles el respeto a la integridad de los migrantes. A inicios de octubre, 200 ciudadanos venezolanos fueron repatriados mediante la activación del programa gubernamental Vuelta a la Patria.

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